“Igual que a Batakis y Guzman, le exigimos a Massa medidas urgentes para frenar la pobreza y la indigencia: Salario Básico Universal para informales y aumento general de sueldos y jubilaciones. Seguimos luchando porque si no cinco vivos se la van a seguir llevando. No aflojamos”, posteó el referente social, uno de los más cercanos a Cristina Kirchner, que hace dos semanas agitó el fantasma del estallido social.

Desde varias organizaciones sociales y piqueteras vienen advirtiendo sobre la suba en los niveles pobreza e indigencia, a partir del aumento de los precios de los alimentos básicos, y el descontento social por la escalada inflacionaria. Se suma el 40% de informalidad de la economía, y la dificultad para llegar a fin de mes aún, para los que tienen ingresos por algún tipo de trabajo.

Este panorama se contrapone con los pronósticos de la necesidad de algún tipo de ajuste en el gasto social del Estado, para cumplir con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, lo que amenazaría con agravar esas demandas y reclamos.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, el aumento en la cantidad de planes sociales y la masa de recursos asignados a programas sociales, sin una reconversión visible en empleos genuinos, se volvió un esquema muy difícil de desarticular. Según corroboró la Unidad de Datos de Infobae, tanto el número de beneficiarios como los recursos asignados se duplicaron en los dos años y medio que lleva su mandato.

El último reclamo en las calles que recalentó el clima político fue el jueves pasado, el día más frenético de cambios de funcionarios y rearmado del frágil tablero del gobierno del Frente de Todos. Las organizaciones sociales que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y agrupaciones de Unidad Piquetera volvieron a marchar contra el Gobierno nacional exigiendo más cupos en los planes sociales y un aumento en sus montos. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zavaleta, uno de los que sobrevivió a los cambios, viene ratificando que no se ampliarán los cupos de planes sociales.

El reciente anuncio del gobierno de un pago de $11.000 por única vez a los beneficiarios del Potenciar Trabajo a cobrar en agosto, no llegó a satisfacer el rosario de demandas, que incluían la implementación de un bono urgente de $20.000 y la declaración de la emergencia alimentaria. Este bono le significará un desembolso cercano a $14,3 millones de las arcas del estado.

Actualmente, los dos principales programas sociales de los 85 que funcionan bajo la órbita de Desarrollo Social son el Potenciar Trabajo y la Prestación Alimentar. Entre ambos se llevan casi la totalidad del presupuesto de esa cartera: $56.000 millones de pesos mensuales. Al año, suman $672.000 millones, de un total de $685.774 millones previstos para este año para un Ministerio clave en la contención del conflicto social. De ese total, se ejecutaron en los primeros siete meses del año $430.760 millones, el 63%.

Fuente: Infobae.