La Cámara Federal porteña dispuso hoy la excarcelación de todos los integrantes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal detenidos en la causa por presuntas amenazas contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, e intimidación pública.

Se trata de Jonathan Morel, el presunto líder de la organización y carpintero novato que intermedió en la venta de muebles a la empresa Caputo hermanos, y Sabrina Basile, hija del ex entrenador de la Selección Argentina de fútbol Alfio Basile.

A ellos se suman también Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, a quienes la Sala Primera de la Cámara también les concedió la libertad.

Los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron, además, que la investigación sobre Revolución Popular no tiene, por el momento, ninguna vinculación con la del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

“Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa (por el intento de asesinato de Cristina Kirchner) ya fue rechazada por la Jueza María Eugenia Capuchetti y por la presidencia de esta Cámara y no se verifica –de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones”, sostienen los fallos que dispusieron las excarcelaciones.

Los jueces dispusieron las libertades atento a que “no existen riesgos procesales suficientes que permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el Juez de grado”, Marcelo Martínez de Giorgi.

El fallo tomó en cuenta que el presunto delito por el que están siendo investigados contempla una pena mínima de tres años de prisión, “lo que eventualmente avalaría una pena de ejecución condicional”.

El tribunal valoró también que los imputados “carecen de antecedentes condenatorios” y que tienen domicilios constatados y “arraigo”.

La resolución critica al juez de primera instancia porque “no identifica en concreto cuáles serían los comportamientos obstructivos que podrían asumir en caso de recobrar su libertad”.

Como contrapartida, los camaristas destacaron “la actitud colaborativa asumida” por los imputados, cuya situación procesal aún no ha sido resuelta.

El tribunal recomendó, no obstante, “la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, …siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido”.