Suspendieron la pericia sobre el celular de Chocolate Rigau
El juez de garantías de La Plata, Federico Atencio, suspendió la pericia prevista para hoy en la que se iba a abrir el teléfono de Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ que fue sorprendido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.
La suspensión fue por la apelación de la defensa del puntero a cargo de Alfredo Gazcón, porque la causa fue decretada nula por la Cámara de Apelaciones de Garantías de La Plata.
La pericia había sido pedida por la fiscal Betina Lacki para proseguir con la investigación debido a que consideró que la nulidad decretada por la Cámara de La Plata no tenía efectos suspensivos sobre la continuidad de la causa, porque no estaba firme.
Es que aún falta el pronunciamiento de la Cámara de Casación bonaerense sobre ese fallo, es decir, si convalida la nulidad o habilita que continúe la causa.
Los camaristas Juan Alberto Benavídes y Alejandro Villordo habían decretado nulo el caso porque consideraron cuando fue detenido Rigau el 9 de septiembre pasado por la Policía en un cajero de La Plata, fue sin previa autorización judicial para actuar.
En función de ello, también evaluaron que el aviso que la Policía dio a la Justicia fue tardío porque recién lo hicieron cuando llevaron a Rigau a la comisaría y luego de secuestrarle su celular, las 48 tarjetas pertenecientes a empleados de la Legislatura bonaerense y poco más de 1 millón de pesos en efectivo.
También la Fiscalía apunta a escuchar como testigos a los empleados de la Legislatura bonaerense, titulares de las tarjetas que tenía en su poder Rigau.
Lacki busca determinar de qué trabajan los supuestos empleados que percibían 580.000 pesos mensuales y le daban la tarjeta a Rigau para que les cobre el sueldo.
Además, quiere establecer dónde trabajaban, quién era su jefe, qué régimen laboral tenían, a qué hora entraban y salían, ya que sospecha se trata de "ñoquis" que estaban anotados como empleados, cobraban parte del sueldo o alguien los cobraba por ellos. La fiscal solicitó los contratos de cada uno y el legajo de Rigau.