Reunión federal alertó sobre la crisis en Salud Mental y el abandono del Gobierno nacional
Representantes de 16 provincias, entre ellas La Pampa, se reunieron en el Congreso para visibilizar la crítica situación del sistema de Salud Mental. Denunciaron la falta de políticas nacionales, la discontinuación de programas clave y un aumento alarmante en las consultas y hospitalizaciones.
Autoridades de Salud Mental de 16 provincias, junto a representantes de universidades nacionales y el Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental, se reunieron en el Congreso de la Nación para visibilizar la grave crisis que atraviesa el país en materia de salud mental y adicciones. En representación de La Pampa participó el subsecretario del área, Martín Malgá, quien destacó el esfuerzo de las provincias frente al retiro del Estado nacional.
Durante la jornada se presentó un informe con un diagnóstico común: el incremento sostenido de los padecimientos psíquicos, especialmente entre adolescentes y jóvenes, y la creciente demanda de atención en hospitales públicos, que en algunas jurisdicciones supera en un 85% los niveles registrados en 2019. A esto se suma la discontinuación del programa nacional Remediar Salud Mental, que desde diciembre de 2023 dejó de entregar psicofármacos esenciales, afectando a miles de personas que dependen exclusivamente del sistema público.
“Lo que vivimos es una crisis humanitaria invisible. El abandono del Gobierno nacional se traduce en menos recursos, falta de medicamentos e insumos básicos, y un Estado ausente en un momento de emergencia”, advirtió Malgá, quien remarcó que en La Pampa el Gobierno provincial ha debido absorber funciones que le corresponden al Estado federal.
Entre los objetivos del encuentro se destacó la necesidad de reactivar el programa Remediar Salud Mental, garantizar el financiamiento de los dispositivos provinciales, fortalecer el abordaje territorial con enfoque comunitario, y convocar a una nueva reunión federal para establecer una agenda común de emergencia en salud mental.
“Nuestras provincias están comprometidas con sostener la salud mental como un derecho humano, no como un privilegio ni mercancía”, señalaron los y las funcionarias presentes. Si bien ratificaron la voluntad de diálogo, también subrayaron que las provincias no pueden seguir solas frente a un problema estructural y creciente que requiere respuestas urgentes por parte del Gobierno nacional.
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