Trump firmó una orden para crear un marco nacional de regulación de la IA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para establecer un marco regulatorio nacional sobre inteligencia artificial (IA), con el objetivo de restringir la capacidad de los estados de imponer normas propias sobre el sector.
En el texto del decreto, Trump sostuvo que para que las empresas estadounidenses de IA tengan éxito “deben tener la libertad de innovar sin una regulación engorrosa”, y advirtió que la proliferación de leyes estatales frustra ese objetivo.
La Casa Blanca apunta a un estándar único y amenaza con sanciones
La orden ejecutiva argumenta que la regulación estado por estado genera “un mosaico de 50 regímenes regulatorios diferentes”, lo que dificulta el cumplimiento normativo, especialmente para empresas emergentes, y acusó a algunas leyes estatales de imponer “sesgos ideológicos” en los modelos de IA.
“Mi Administración debe trabajar con el Congreso para garantizar un estándar nacional mínimamente gravoso, y no 50 estándares estatales discordantes”, señala el documento.
La medida instruye además a la fiscal general Pam Bondi a crear un Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA, cuya función exclusiva será impugnar las leyes estatales que regulen el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.
Según el decreto, los estados que no se ajusten a la política federal podrían enfrentar sanciones financieras, incluida la posible pérdida de fondos del Programa de Acceso e Implementación de Banda Ancha Equitativo, destinado a expandir el acceso a internet de alta velocidad.
La decisión representa una victoria para empresas tecnológicas como OpenAI y Google, que han cuestionado regulaciones estrictas a nivel estatal. En mayo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, advirtió ante el Congreso que un enfoque fragmentado debilitaría significativamente la competitividad de las empresas estadounidenses.
No obstante, medios estadounidenses señalaron que varios estados ya avanzaron con legislación propia ante la ausencia de una ley federal, y que los críticos alertan que una desregulación excesiva podría permitir a las compañías de IA evadir responsabilidades si sus herramientas causan daños a los consumidores.