Política Por: INFOtec 4.005/08/2026

Villarruel autorizó a votar de forma remota a Fernández Sagasti y desató el enojo de LLA

La vicepresidenta y titular del Senado habilitó a la senadora kirchnerista, quien cursa un embarazo de alto riesgo, a intervenir con voz y voto.
 

La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó de manera excepcional a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti a participar de forma remota en la sesión del próximo jueves, en la que el Senado debatirá el proyecto sobre la extranjerización de tierras. La legisladora kirchnerista cursa un embarazo de ocho meses considerado de riesgo y tiene contraindicado viajar por prescripción médica.

La medida quedó plasmada en un decreto que permite su participación "individual, excepcional y transitoria", aunque deberá ser convalidada por el pleno del Senado con mayoría simple al inicio de la sesión.

Fernández Sagasti, de 42 años y con 32 semanas de gestación, presentó un certificado médico emitido por el Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza, donde se le indicó reposo relativo y la prohibición de realizar viajes por cualquier medio de transporte.

Desde La Cámpora sostienen que, una vez aprobada la modalidad virtual, el interbloque opositor contará con sus 25 integrantes para rechazar el proyecto impulsado por el oficialismo.

El decreto firmado por Villarruel toma como antecedente una resolución similar adoptada por la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante la pandemia de COVID-19, cuando el Senado implementó un sistema híbrido de funcionamiento que luego fue avalado por la Corte Suprema.

La decisión también profundizó las diferencias entre Villarruel y la Casa Rosada. En el oficialismo rechazaban la posibilidad de habilitar el voto remoto, ya que consideran que la participación de Fernández Sagasti fortalece a la oposición en una votación que se anticipa muy ajustada.

El proyecto en debate originalmente eliminaba todas las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Sin embargo, tras negociaciones con bloques opositores y aliados, el Gobierno aceptó mantener un límite del 25% de extranjerización a nivel nacional, aunque sin establecer topes para provincias, departamentos o municipios.

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