El Gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas
El Gobierno analiza ampliar el alcance de las sanciones previstas en la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional e incorporar actividades vinculadas con las Islas Malvinas, entre ellas la pesca. La iniciativa implicaría modificar la Ley 26.659, conocida como “Ley Pino Solanas”, que actualmente establece sanciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
El tema fue tratado en la última reunión de la mesa política y, tras el anuncio realizado por Javier Milei, desde el peronismo reclamaron incluir al sector pesquero dentro del endurecimiento de las sanciones. El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, planteó esa posibilidad durante la sesión de este miércoles.
El Poder Ejecutivo prevé enviar el proyecto al Congreso el próximo lunes y todavía analiza si realizará una presentación tradicional o si enviará a un funcionario para explicar el contenido. Entre los posibles expositores figuran los ministros de Defensa, Carlos Presti, y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quienes participaron en la elaboración del texto.
El Gobierno pretende que la iniciativa sea debatida en Diputados entre fines de septiembre y comienzos de octubre y confía en que avance rápidamente. La discusión se desarrolla en paralelo a la ofensiva contra empresas vinculadas con presuntas actividades petroleras ilegales en las Islas, especialmente en relación con el proyecto Sea Lion.
Durante su anuncio, Milei sostuvo que quienes brinden servicios a compañías vinculadas con la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar con el Estado ni con privados en el país. Además, confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, cuyo financiamiento será contemplado en el Presupuesto 2027.
El mandatario aseguró que la inversión no afectará el superávit fiscal y señaló que, desde el anuncio, se iniciaron procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operarían directa o indirectamente en la cuenca Malvinas sin autorización argentina.