La Pampa presentó una cautelar contra el decreto que elimina las regalías del Atuel
La Provincia solicitó a la Justicia Federal que suspenda de manera inmediata los efectos de los artículos 3° y 4° de la norma presidencial, publicada el 11 de septiembre, y que mantenga provisoriamente el esquema de distribución vigente desde 1973 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La presentación sostiene que el derecho de La Pampa a percibir regalías no surge únicamente del Decreto 1560/73, sino también del convenio firmado en 1992 entre el Estado nacional, Mendoza y La Pampa, que fue homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según el planteo provincial, al tratarse de un acuerdo entre distintas jurisdicciones, ninguna de las partes puede modificar de manera unilateral los compromisos asumidos. En ese sentido, La Pampa cuestionó que el Gobierno nacional haya intervenido como si tuviera una autoridad superior sobre las provincias.
La Provincia advirtió que el decreto representa un avasallamiento de las autonomías provinciales y del federalismo de concertación, además de afectar la seguridad jurídica, la buena fe y un derecho patrimonial adquirido. También señaló que la medida provocaría un perjuicio directo sobre las arcas pampeanas.
Otro de los argumentos se relaciona con la causa que Mendoza inició contra el Estado nacional ante la Corte Suprema por la validez del régimen de regalías. En ese expediente, Nación había pedido que La Pampa fuera citada por estar directamente involucrada, solicitud que fue aceptada por el máximo tribunal el 27 de agosto.
La presentación pampeana remarca que, apenas catorce días después de esa decisión, el Poder Ejecutivo modificó hacia el futuro el régimen cuya validez continúa bajo análisis judicial.
La cautelar busca impedir que el nuevo esquema se consolide en futuras concesiones de Los Nihuiles y genere consecuencias difíciles de revertir. La Provincia pretende preservar la distribución histórica hasta que exista una resolución definitiva sobre la controversia.