Bullrich se diferenció de Milei y repudió la condena contra los periodistas por grabar en Formosa
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, tras la condena a cuatro integrantes de un equipo periodístico que realizó entrevistas y filmaciones en una comunidad originaria de Las Lomitas. “La libertad de prensa se respeta”, sostuvo Bullrich en redes sociales.
El pronunciamiento marcó una diferencia con Javier Milei, quien había celebrado la sentencia y cuestionado duramente a los periodistas. La resolución del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas condenó a cinco días de arresto a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. La pena puede ser reemplazada por una multa de $282.550 para cada uno.
El fallo, identificado como N° 351/2026 y firmado por el juez Omar Padilla, consideró que los comunicadores infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al realizar una actividad sin la autorización previa exigida y no contar con un carnet para ejercer el periodismo.
El hecho se produjo durante una cobertura realizada en septiembre de 2025 por el equipo de “Hambre de Futuro”, un proyecto de La Nación, en la comunidad originaria San José. Los periodistas fueron interceptados por la Policía y trasladados a una dependencia durante unas dos horas, donde fueron notificados de una denuncia presentada por el cacique Guillermo López. Posteriormente, el dirigente afirmó que desconocía el contenido del documento que había firmado.
Bullrich cuestionó la exigencia de permisos para entrevistar a ciudadanos y vinculó la situación con el gobierno de Insfrán. En tanto, ADEPA y FOPEA rechazaron la resolución judicial y cuestionaron la sanción aplicada por el ejercicio de la actividad periodística. ADEPA señaló que en Argentina no se requiere licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió sobre una posible criminalización de la labor informativa.