Judiciales Por: INFOtec 4.009/10/2026

La Corte Suprema se reúne hoy y podría emitir un nuevo fallo por la Ley de Tierras

El máximo tribunal se reúne a las 9 y podría reponer, aunque sea de forma provisoria, las restricciones a la venta de campos a extranjeros que el Gobierno derogó con el DNU 70/2023.
 

La Corte Suprema de Justicia convocó a un Acuerdo Extraordinario para este viernes a las 9, en el que podría avanzar sobre una medida cautelar vinculada con la Ley de Tierras. La resolución podría restablecer provisoriamente las restricciones a la compra de campos por extranjeros, derogadas por el Gobierno mediante el DNU 70/2023.

El expediente fue iniciado por la Asociación Civil Árbol de Pie y las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, en una causa relacionada con el amparo colectivo presentado por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Los demandantes solicitaron que se aclare si el fallo anterior de la Corte también tiene efectos sobre su presentación.

Para intervenir, el máximo tribunal designó como conjueces a Diego Barroetaveña, de Casación, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Como suplentes fueron nombrados Jorge Morán y Eduardo Farah. Además, redujo de 72 a 24 horas el plazo para impugnar la integración del tribunal y habilitó días y horarios inhábiles.

La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley 26.737, al considerar que el CECIM no tenía legitimación para cuestionarla. Tras las críticas y los cuestionamientos de la oposición, el tribunal aclaró que su decisión se limitaba a una cuestión procesal y no afectaba otras medidas cautelares similares en trámite.

Ahora, los jueces deberán determinar si remiten el expediente a la Justicia Federal de La Plata o Bariloche, o si lo resuelven directamente por razones de urgencia. El punto central será establecer si corresponde restituir de manera provisoria las limitaciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

La definición tendrá impacto sobre la aplicación de la Ley de Tierras y el alcance de las medidas judiciales contra el decreto del presidente Javier Milei.

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