(Video) Bebé de Rancul: tensión en los pasillos de Legislatura

Video gentileza: Plan B Noticias.

La convocatoria de este martes a funcionarios del área de Niñez, Adolescencia y Familia derivó en una controversia en la Legislatura pampeana, donde la comisión que investiga el caso del bebé de Rancul busca esclarecer las actuaciones del Estado en el procedimiento que culminó con el retiro del niño de su familia de contención.

Según la información transmitida por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, el subsecretario Juan Pablo Bonino habría condicionado su ingreso a la comisión a comparecer junto con Meaca, Lofvall, Capello y Villafañe. De acuerdo con esa versión, la alternativa planteada habría sido ingresar todos juntos o no hacerlo.

La situación generó cuestionamientos porque las legisladoras procuran conocer en detalle la intervención de cada funcionario y de los equipos técnicos que participaron en el procedimiento del 7 de septiembre. La investigación apunta a reconstruir las decisiones administrativas, los informes elaborados y las responsabilidades de los organismos provinciales, sin interferir en las decisiones que corresponden al ámbito judicial.

Al cierre de esta nota, no se había podido confirmar de manera independiente si los funcionarios finalmente declararon ni si la comisión aceptó la modalidad planteada. Tampoco se contaba con una respuesta directa de los involucrados sobre los cuestionamientos.

La familia cuestionó la modalidad de la comparecencia

En un documento enviado a esta redacción, Díaz y Pizzani calificaron lo ocurrido como una "vergüenza política" y reclamaron explicaciones individuales de los funcionarios convocados.

La familia también sostuvo que los equipos técnicos no habrían concurrido y que, durante la controversia, se invocaron el secreto profesional, la existencia de actuaciones judiciales y la relación de dependencia jerárquica para objetar la modalidad prevista para las entrevistas.

Uno de los principales interrogantes es quién resolvió que los funcionarios ingresaran en conjunto y si esa posición respondió a una decisión individual de Bonino, a un acuerdo entre los convocados o a una instrucción superior. También resta aclarar por qué no se presentaron los equipos técnicos y qué información quedó pendiente.

Hasta el momento, no hay elementos confirmados que permitan afirmar que existió una orden superior o que la modalidad propuesta tuviera como finalidad ocultar información. Sin embargo, el episodio vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer cómo puede la comisión obtener explicaciones precisas de quienes intervinieron en el caso.

Qué intenta determinar la comisión

La comisión investigadora, presidida por Sandra Fonseca e integrada también por María Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara, fue creada para examinar la actuación administrativa e institucional de los organismos provinciales involucrados.

Entre los aspectos que busca esclarecer figuran los procedimientos aplicados, las intervenciones de los equipos técnicos, los informes elaborados y la participación de los funcionarios y de la fuerza policial durante el operativo. Para ello, solicitó documentación a distintas áreas del Ejecutivo y convocó a quienes tuvieron intervención en los hechos.

La comparecencia de los funcionarios debía permitir ampliar las respuestas que el Gobierno había remitido por escrito. La diferencia entre un informe institucional y una entrevista directa es relevante para precisar quién tomó determinadas decisiones, qué instrucciones se impartieron y cuáles fueron los fundamentos de cada intervención.

El resguardo de la identidad del niño y la confidencialidad de la información sensible son obligaciones que deben respetarse. No obstante, la investigación también requiere mecanismos que permitan examinar las responsabilidades administrativas sin invadir las competencias judiciales.