La Justicia confirmó el desalojo de una vivienda social ocupada desde 2021
La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó el desalojo de una vivienda social adjudicada por el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV).
El fallo, dictado el 20 de octubre por los jueces Gustavo Arballo y María Anahí Brarda, ratificó la sentencia que ordenó restituir el inmueble a su adjudicataria, luego del vencimiento del contrato que permitía a la familia ocuparlo.
Los demandados sostuvieron que los acuerdos de comodato encubrían un alquiler y cuestionaron el derecho de la adjudicataria a reclamar la propiedad. Sin embargo, los camaristas consideraron que no había pruebas suficientes para acreditar el pago de una renta.
El IPAV reconoció que existían actuaciones administrativas por la falta de ocupación permanente de la vivienda por parte de su adjudicataria. No obstante, la Cámara sostuvo que esa eventual irregularidad debe resolverse en el ámbito administrativo y no concede automáticamente derechos sobre el inmueble a sus ocupantes.
Los jueces señalaron que la presencia de dos menores, una de ellas con certificado de discapacidad, no modifica la obligación de devolver la propiedad, aunque exige medidas específicas de protección.
Por eso, ordenaron mantener la intervención de organismos provinciales y municipales de niñez y desarrollo social, para que evalúen la situación familiar y dispongan acompañamiento durante el desalojo, con el objetivo de evitar que se agraven sus condiciones de vulnerabilidad.