Arcioni había promulgado la semana pasada la ley que favorece la megaminería, aprobada por la Legislatura local. Ante el clima de fuerte rechazo social que generó la sanción, el mandatario decidió dar marcha atrás con su aplicación.

Además de la suspensión de la ley, el mandatario provincial incluyó un llamado –en un plazo que sería de 180 días– para convocar a un consulta popular con el fin de que la ciudadanía se exprese a favor o en contra de la normativa.

La semana pasada, la Legislatura autorizó la zonificación minera en dos departamentos de la meseta (Telsen y Gastre) con una ajustada mayoría de 14 votos contra 11, lo que generó una fuerte reacción de los vecinos en toda la provincia con multitudinarias marchas y serios incidentes.

Esa aprobación, criticada por la Universidad Nacional de la Patagonia y por representantes del Conicet, motivó en los últimos días fuertes protestas que provocaron graves daños en la Casa de Gobierno provincial y en otros edificios del centro cívico de Rawson.

La iniciativa oficial que provocó la resistencia popular permitirá la minería metalífera química en algunas zonas de la provincia. Se trata de la reglamentación de la Ley 5.001 que prohíbe la megaminería con uso de cianuro en la jurisdicción, pero que en uno de sus artículos permite que se determinen áreas en las que podría permitirse.