El condenado por abusos en un jardín de infantes de Santa Rosa, Paul Santander, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria hace dos semanas. En abril fue condenado a 10 años de prisión por el abuso sexual de una niña.
Judiciales23 de diciembre de 2022
INFOTEC 4.0
Según confirmó El Diario de fuentes judiciales, Santander pasó a prisión domiciliaria a partir de que se le venció el plazo de prisión preventiva. Está detenido desde el 25 de noviembre de 2020 a raíz de las denuncias en el jardín Nenos. Los abogados de la querella apelaron la domiciliaria en el Tribunal de Impugnación Penal, aunque ese recurso fue rechazado a partir de que la fiscala Verónica Ferrero había consentido el beneficio.
Un tribunal condenó a Santander y le impuso la pena de 10 años por el delito de abuso sexual doblemente agravado, con acceso carnal, como delito continuado, en ocasión de haber tenido la guarda de la víctima, una niña que al momento de los hechos tenía entre dos y cuatro años. La defensa apeló la sentencia, trámite que se encuentra sin resolución aún en el TIP.
Los jueces, en el fallo, consideraron como circunstancias agravantes, la multiplicidad de abusos, la edad de la víctima, las secuelas que aún padece, el lugar donde ocurrieron los abusos y que "era un referente dentro del jardín y tomaba decisiones en lo cotidiano". Sostuvo que "los docentes acudían a él cuando había algún tipo de inconveniente y los niños también tenían buena relación; es decir que aprovechó esa personalidad que tiene de poder entrar rápidamente en confianza con los demás, tanto con los adultos como con los niños, para poder perpetrar los hechos".
La sentencia concluyó, con las pruebas reunidas durante el debate oral, que los abusos ocurrieron en el interior de un jardín de infantes –entre 2017 y 2019– y que el acusado, "quien debía funcionar como representante legal (de la institución), a cargo de tareas administrativas; en la cotidianeidad cumplía diversos roles, como profesor de música y educación física, tareas recreativas, etc., que lo mantenían en contacto directo y estrecho con las niñas y los niños y, en este caso en particular, con la víctima". Los hechos fueron valorados en el marco de las leyes 26485 de Protección Integral contra las Mujeres, y 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por último, para establecer la pena de 10 años valoró negativamente la extensión del daño causado, que existieran otros niños en el lugar y que posea estudios universitarios incompletos; y favorablemente la falta de antecedentes registrables.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
El fiscal federal Ramiro González dio por cerrada la investigación por violencia de género.
El acusado, había llegado en libertad a la instancia final del juicio donde los jueces Ricardo Perdichizzi, Paula Soulé y Fabián Riquert en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata lo condenaron por haber manoseado a las menores y haberse masturbado delante de ellas, en casos ocurridos en noviembre de 2019 y en agosto y octubre del 2020, en su vivienda de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, según indicó el Ministerio Público Fiscal.
La decisión llegó horas después de que se confirmara el jury en su contra por el documental del caso Maradona.
Luego de que Cristina Kirchner denunciara que no la dejaban, la Justicia la autorizó a usarlo, aunque le pidió “sentido común”
Cuando en agosto de 2023 se implementó en La Pampa el nuevo Procedimiento Penal para Adolescentes, más conocido como régimen penal juvenil para jóvenes de 16 y 17 años, se hizo hincapié en un aspecto fundamental por tratarse de un cambio de paradigma: la necesidad de que el adolescente se haga responsable de sus conductas, pero también que la solución no sea exclusivamente punitiva; sino que exista una vía alternativa a través de medidas socioeducativas que permitan una solución integral entre todos los actores involucrados en el conflicto penal.
Un grupo de seis estudiantes del Club de Ciencias "TECNOEPET" de la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 6 de Realicó emprendió anoche, a las 23:30 horas, un viaje educativo a la ciudad de Buenos Aires para participar de una jornada intensiva de formación ciudadana, científica y tecnológica.
Un violento siniestro vial se registró en la mañana de este lunes sobre la Ruta Nacional N°188, a la altura del kilómetro 463, entre las localidades de Adolfo Van Praet y Realicó. Un automóvil Volkswagen Gol Trend blanco, conducido por un empleado bancario que se dirigía hacia Realicó, volcó sobre la banquina norte tras embestir un jabalí de grandes dimensiones que se cruzó intempestivamente en la calzada.
La víctima, de aproximadamente 30 años, iba como acompañante en una motocicleta que colisionó contra un camión en una esquina de la localidad. Fue trasladada de urgencia al Hospital Centeno, donde falleció por la gravedad de las heridas.
En el marco de un acuerdo de juicio abreviado, el juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó a un hombre de 29 años, como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por el vínculo -tres hechos-; a la pena de siete meses de prisión de efectivo cumplimiento, con expresa declaración de reincidencia.
“Presentaron una propuesta rebuscada, con inexactitudes y hasta datos que no son reales. Así queda en evidencia quiénes vienen a calentar la banca”. Con esa frase, la concejal del FreJuPa, Leticia Embrici, desarmó el pedido de auditoría externa impulsado por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio sobre la empresa Realicó en Desarrollo SAPEM. Lejos de evadir el tema, Embrici refutó punto por punto a la oposición: informó que la SAPEM ya está siendo auditada externamente por profesionales matriculados, expuso errores legales graves en la redacción del proyecto y dejó en evidencia la falta de conocimiento de quienes lo impulsaron, al confundir incluso la forma de designación de los directores. La sesión fue tensa, y también sacó a la luz incomodidades dentro del radicalismo local.
