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De todos modos, Día deberá en este período seguir comercializando los productos de Precios Justos, ya que sus proveedores siguen siendo parte del plan y rige la obligación de comercializar los mismos a los valores acordados con el Gobierno. La decisión fue tomada tras la realización de operativos de control en más de 120 sucursales, en los que se comprobaron aumentos del orden del 8,33% promedio en los productos que forman parte del programa, 3,33 puntos por encima del 5% acordado.
El día anterior a la suspensión de Día, Comercio comunicó una sanción a las empresas Unilever y Mastellone por $ 160 millones y $ 60 millones, respectivamente, por comercializar y exhibir de manera simultánea productos con características similares, pero con etiquetas con variantes casi imperceptibles y a precios sustancialmente diferentes. Estas multas fueron producto de diferentes operativos de los equipos de inspectores de la Secretaría ocurridos entre octubre de 2022 y marzo último, en los cuales se constató que ambas empresas incumplieron con la Ley 24.240.
En la misma línea, a fines de abril, Comercio multó a Coca-Cola y a Danone por $ 40 millones y $ 45 millones, respectivamente, por serias irregularidades con remarcaciones de precios. En un operativo de fiscalización en comercios de cercanía, se corroboró que Coca-Cola y Danone vendían sus productos con subas de hasta 32,5% mensual, cuando el acuerdo permitió subas del 3,2% por mes.
Acuerdos.
El Ministerio de Economía lanzó Precios Justos en noviembre del año pasado, cuando se estableció una canasta de valores fijos en unos 2.000 productos de primera necesidad mediante acuerdos voluntarios con empresas productoras y comercializadoras, con vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. A su vez, el acuerdo estableció un sendero de precios para que otros 30.000 productos esenciales no superen el 4% de aumento mensual en esta primera etapa.
Los primeros resultados mostraron que Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 4,9% en noviembre a 5,1% en diciembre y a 6% en enero. Hacia adentro del IPC, el rubro alimentos y bebidas pasó de 3,5% en noviembre a 4,7% en diciembre y a 6,8% en enero, superando en este mes a la inflación general, y a partir de lo cual Economía resolvió profundizar los controles a empresas y supermercados.
Primero Comercio estableció multas de hasta $ 71 millones, a los incumplimientos en que pudieran incurrir los supermercados minoristas y mayoristas que venden los productos participantes del programa, a través de la Resolución 12/2023. Así, actualizó montos que habían quedado sin modificar desde 2008, perdiendo efecto ante la inflación acumulada desde ese entonces.
A comienzos de febrero, Economía lanzó una ampliación de Precios Justos, que incluyó quince sectores de consumo con una pauta de incremento de precios del 3,2% mensual hasta el 30 de junio próximo, en un acuerdo voluntario alcanzado con más de 480 empresas productoras y comercializadoras. En esta nueva etapa, el acuerdo incluyó consumo masivo -con 2.000 productos a precio fijo y otros 50.000 que aumentaran 3,2% mensual en promedio-, indumentaria, calzado, hogar y construcción; celulares, pequeños electrodomésticos, educación, canasta escolar, insumos industriales, textiles, motos, bicicletas, medicamentos y venta por catálogo.
A finales de ese mes, la Secretaría comunicó el labrado de 769 multas a empresas alimenticias y supermercados por $ 806.450.000 en tan solo una semana debido a diversos tipos de irregularidades en torno del cumplimiento de Precios Justos. Los incumplimientos incluyeron faltantes de stock y de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa y duplicidad de etiquetado.
Las multas recayeron en las cadenas de supermercados Día, Carrefour, las del Grupo Cencosud (Disco, Vea, Jumbo) y el mayorista Maxiconsumo, y en las empresas alimenticias Cabrales y Nestlé. Durante las verificaciones se corroboraron diversas irregularidades en relación con el cumplimiento del programa, vinculadas con faltantes de mercadería y stock, principalmente en los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos, así como la ausencia de señalización de los productos que forman parte del programa.
El eventual incumplimiento de este programa se puede denunciar a través de la app Precios Justos, que tiene como objetivo principal el control ciudadano de los precios en góndola de estos productos. Es decir, que el usuario pueda ver el precio fijado por el gobierno y si el precio establecido en el comercio es mayor, realizar una denuncia. Este desarrollo tecnológico está disponible tanto para iOS como el sistema operativo Android, y puede obtenerse en los repositorios de ambas plataformas de manera gratuita.
