Villarruel y Menem dejan en manos de la Policía Federal la seguridad para el acto. Los empleados del Parlamento expresaron su sorpresa por las medidas que se están tomando para la Asamblea Legislativa de este viernes.
Nacionales29/02/2024
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"Es una especie de estado de sitio dentro del Congreso. No ocurrió nunca antes". De esa manera, un viejo empleado del Congreso evaluó la resolución 11/24 firmada, este miércoles, por los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villaruel, sobre la jornada de apertura de sesiones ordinarias
El texto de tres páginas virtualmente le entrega la seguridad interna a la Policía Federal y no, como ha sido habitual, a los empleados de seguridad del propio Congreso.
Además, prohíbe que los empleados circulen por el edificio, incluyendo a los de Mayordomía y Maestranza, impide que nadie acceda al recinto, mucho menos al estrado y tampoco los empleados pueden ubicarse en los palcos. Ni siquiera los periodistas están habilitados a moverse libremente: deben ubicarse en un corralito. El texto tiene un fuerte olor a disciplina militar o tal vez responda a aquellas manías de Javier Milei quien se quejaba por el ruido en los estudios de televisión.
Por supuesto que el personal del Congreso ya está sorprendido -y disgustado- por el cambio de horario. Lo tradicional era que la sesión fuera al mediodía, al finalizar se disponía un asueto, y todos los empleados llegaban a sus casas a primera hora de la tarde. Esta vez no. Convocan a empleados de la mañana, de la tarde y de la noche, seleccionados, con la perspectiva de regresar a sus casas pasada la medianoche. Además, con las restricciones que se precisan en la resolución: solo pueden concurrir los convocados y no pueden moverse por el edificio. Muchos de los que tienen años en el Congreso recuerdan, por ejemplo, que los mandaban a las gradas para ocupar lugares vacíos. Ahora eso pasó a estar estrictamente prohibido.
Un punto que hace ruido es el artículo 5: "El personal de las comisarías del Senado y Diputados coordinará con el señor Jefe de la Casa Militar y las fuerzas de seguridad policial el estricto cumplimiento de esta resolución". O sea, que las fuerzas de seguridad -ya les anticiparon que será la Policía Federal- estarán a cargo de la seguridad interna del edificio, incluso de los propios empleados, algo que no ocurrió nunca hasta ahora.
Tampoco hay muchos antecedentes sobre el artículo final, el 7: "Todo empleado que no cumpla con estas disposiciones se hará pasible de las sanciones disciplinarias que se considere necesario aplicar". O sea, una amenaza que nunca fue necesaria.
Se sabe ya que Milei pidió un atril para hacer su discurso de pie y un poco al estilo norteamericano. Pero no se conoce por qué pusieron en marcha algo que se parece mucho a la disciplina militar. Tal vez quieran evitar algún incidente con los propios empleados del Congreso, enojados por el atraso salarial y por los recortes de personal. Tal vez se están acotando las posibilidades de ruidos que ya alguna vez hicieron que el presidente perdiera los estribos. O, tal vez, sea el estilo marcial que intenta imponer la vicepresidenta, porque esa es su impronta.
El fiscal Álvaro Garganta citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la utilización de fondos vinculados a multas de tránsito.
La funcionaria destacó la gestión de Patricia Bullrich.
El siniestro se produjo en la colectora de la avenida General Paz, a la altura de Liniers.
Los datos oficiales fueron difundidos por ARCA esta tarde.
El Gobierno nacional, bajo la representación del embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció “violaciones a los derechos humanos” en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro y solicitó su arresto junto al del mandatario Diosdado Cabello.
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El Tribunal de Cuentas de La Pampa publicó en el último Boletín Oficial una serie de fallos que revelan importantes irregularidades administrativas en distintas Comisiones de Fomento, imponiendo cargos económicos millonarios y multas personales a sus responsables. Los casos más relevantes afectan a las administraciones de Damián Maisonnave con 11.8 millones de pesos, luego figuran Loventuel y Agustoni con cargos menores. Se detectaron pagos indebidos, uso inadecuado de fondos públicos y reiterados incumplimientos en la rendición de cuentas.
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