


El Gobierno de La Pampa audita irregularidades en el uso de la Tarjeta Social Pampeana en Santa Isabel
INFOtec 4.0






SANTA ISABEL | El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos, llevó a cabo una auditoría y un sumario administrativo en la localidad de Santa Isabel y los parajes Paso Maroma, Emilio Mitre y La Puntilla. El procedimiento, solicitado por el intendente Guillermo Farana, tuvo como objetivo evaluar el uso y la tenencia de la Tarjeta Social Pampeana (TSP), tras sospechas de posibles irregularidades.
El operativo, organizado por la Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, se desarrolló los días lunes 16 y martes 17 de diciembre. Durante ambas jornadas, un equipo técnico-profesional trabajó en territorio entrevistando a titulares de la TSP, en particular a quienes reciben el Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE). Los beneficiarios fueron convocados a presentar su DNI y la tarjeta física para completar un cuestionario que permitió corroborar la información y garantizar el uso adecuado de los recursos destinados a la asistencia alimentaria.
De los controles realizados, se desprenden indicios de posibles irregularidades en el uso y la tenencia de la tarjeta. Ante esta situación, las actuaciones serán remitidas al municipio de Santa Isabel y puestas en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, por la eventual comisión de delitos relacionados.


Se recordó que la TSP es de uso personalizado, exclusivamente para la adquisición de alimentos, y su correcta utilización es responsabilidad tanto de los titulares como de los comercios involucrados. Esta medida busca garantizar la transparencia y la eficiencia en la asistencia alimentaria destinada a los sectores más vulnerables.






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La familia de contención llevó el reclamo a la Legislatura pampeana y reclamó investigar el accionar del sistema provincial de protección de derechos. Ana Laura Pizzani leyó un extenso petitorio en el que cuestionó el procedimiento utilizado para retirar al niño, denunció irregularidades administrativas y pidió la salida del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, y de otros funcionarios. También reclamó revisar la actuación institucional vinculada al caso.


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