Empieza el jueves el juicio contra Andrea Del Boca y Julio De Vido: de qué se los acusa

La actriz y productora Andrea del Boca será juzgada desde el jueves próximo junto al ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido por supuesta administración fraudulenta a raíz de presuntos delitos cometidos con la financiación estatal de la telenovela "Mamá Corazón".   

En el debate oral ante el Tribunal Oral Federal 7 se prevé que declaren un centenar de testigos, en un listado en el que figuran Fernando Dente, Fabián Mazzei y Marcelo Mazzarelo, entre otros convocados para las audiencias que se realizarán todos los jueves de manera remota a través de la plataforma Zoom, informaron fuentes judiciales.   

El Tribunal estará integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes dispusieron que la totalidad del debate oral se realice por videoconferencia y que se transmita de manera pública la etapa de inicio y de cierre final. En tanto, la fiscal de juicio será Fabiana León.   

Al debate oral llegarán procesados, además de la actriz y De Vido, ex autoridades de la Universidad Nacional de San Martín al momento y del INCA, como el caso Liliana Mazure, presidenta de ese último organismo entre 2008 y 2013.

Del Boca está procesada como supuesta "partícipe necesaria" de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" por el convenio que suscribió su productora "A Group SRL" con la Universidad de San Martín para la financiación de la telenovela por más de 25 millones de pesos en 2015.   

Los fondos eran girados por el Ministerio de Planificación Federal a cargo de De Vido y, según se sostuvo en la investigación del caso, a cargo del juez federal Sebastián Ramos y del fiscal Gerardo Pollicita, se habrían infringido normas en relación a contrataciones públicas.   

También se advirtió por "cláusulas arbitrarias o leoninas que determinaron la reserva de derechos de propiedad intelectual inherentes al autor, otorgando á la casa productora la exclusividad de comercialización internacional por un período de 60 meses, prorrogables por otro plazo idéntico", según el requerimiento de elevación a juicio.   Según la acusación, se habría financiado con fondos públicos la novela y la venta internacional quedaba para la productora.