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SANTA ROSA | El ministro de Seguridad y Justicia de La Pampa, Horacio di Nápoli, junto a parte de su equipo de trabajo, participó este miércoles en una reunión con la Comisión de Legislación General, Cultura, Educación y Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados provincial. Durante el encuentro se analizaron temas vinculados a la seguridad vial, en particular el nuevo Decreto Nacional N° 196/2025, que introduce modificaciones sustanciales en la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), y la facultad otorgada a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para delegar en provincias la emisión de licencias profesionales de clases C, D y E, mediante convenios específicos. De este modo, solo aquellas licencias emitidas bajo el Sistema Nacional tendrán validez interjurisdiccional.
Desde el Ministerio se explicó que el nuevo sistema permitirá que los conductores profesionales gestionen sus licencias en cualquier Centro Emisor del país, sin importar su domicilio, siempre que cumplan los requisitos de aptitud psicofísica y formación. Si bien esta medida busca agilizar los trámites y descentralizar la gestión, presenta desafíos para su implementación equitativa, sobre todo en provincias con menor infraestructura.
En este sentido, La Pampa avanzó con un diagnóstico territorial de capacidades y convocó a intendentas e intendentes para analizar el impacto del nuevo marco. Actualmente, el 72,87 % de la población pampeana accede a la Licencia Nacional de Conducir mediante los 16 centros de emisión habilitados. Sin embargo, se advirtió la limitada cobertura de prestadores autorizados: solo hay un centro psicofísico habilitado en Santa Rosa y dos puntos de formación en Cargas Generales, ubicados en General Pico e Intendente Alvear.
Ante este panorama, la Provincia analiza la firma de un convenio con Nación para aceptar la delegación de facultades, pero condicionada a ciertas reservas que garanticen una implementación justa. Estas condiciones serán oportunamente informadas a municipios y comisiones de fomento.
