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La Subsecretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pedido para que la ex dirigente social del kirchnerismo Milagro Sala cumpla su condena por corrupción en la cárcel.
Desde el 2017, Sala se encuentra bajo el régimen de prisión domiciliaria, luego de haber sido condenada por asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas, cuando lideraba la agrupación Tupac Amaru.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno argumentó: “Sala violó las condiciones de prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez. Eso activó el sistema de monitoreo y motivó medidas de control”.
Para el área gubernamental, Sala habría definido las acciones de las Justicia como “hostigamiento”. “Busca revertir invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio”, resalta el texto.
El comunicado oficial sostiene que “la República Argentina cumple con sus obligaciones internacionales” y calificó a la medida de la CIDH como “un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres”.
El documento agregó que “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien”.
La Subsecretaría de Derechos Humanos reafirmó la posición del gobierno del presidente Javier Milei sobre el fin de privilegios para condenados con sentencias firmes.
