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La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero y promulgada mediante el Decreto 137/2026. La medida lleva además las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Entre los principales cambios, la ley redefine el concepto de trabajo en la Ley de Contrato de Trabajo y excluye expresamente de su aplicación a trabajadores independientes, prestadores de plataformas tecnológicas y personas privadas de libertad. También limita la presunción de relación de dependencia cuando existan facturas o pagos bancarios que acrediten otra modalidad de contratación.
En materia de despidos, se mantiene la indemnización de un mes de sueldo por cada año de antigüedad calculada sobre la mejor remuneración del último año, pero se establece que ese pago será la única reparación frente a la extinción sin causa, salvo que existan delitos penales.
Uno de los ejes de la reforma es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), patrimonios que los empleadores deberán constituir para afrontar indemnizaciones. Las contribuciones mensuales serán del 1% para grandes empresas y del 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas, calculadas sobre las remuneraciones del sistema previsional. El esquema comenzará a regir el 1 de junio de 2026.
La ley también incorpora un régimen específico para trabajadores de plataformas digitales de movilidad y reparto, a quienes reconoce como independientes. Las empresas deberán brindar seguros de accidentes, capacitaciones y canales de reclamo, mientras que los prestadores mantendrán libertad para fijar horarios y aceptar o rechazar pedidos.
En cuanto a conflictos laborales, se eleva al 75% la prestación mínima durante huelgas en servicios esenciales y al 50% en actividades consideradas trascendentales, ampliando además la lista de sectores incluidos, como telecomunicaciones, recolección de residuos, transporte, servicios financieros y la cadena alimentaria.
La reforma introduce además el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reducirá al 2% las contribuciones patronales durante cuatro años para nuevas contrataciones de trabajadores no registrados o desempleados. También crea un programa para regularizar empleo informal con condonación de deudas de hasta el 70%.
Finalmente, la norma prevé la derogación desde 2027 de varios estatutos laborales especiales, como los de viajantes de comercio y periodistas, que pasarán al régimen general, y aprueba la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al fuero laboral de la Ciudad de Buenos Aires.
