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A través de un comunicado, el espacio político calificó la situación como un caso de “impunidad político-judicial” y sostuvo que la dimisión del funcionario formó parte de una maniobra para eludir el proceso de enjuiciamiento previsto en la Constitución. En ese sentido, señalaron que la renuncia impide que se determinen responsabilidades sobre los hechos que motivaron las denuncias, impulsadas por distintos sectores de la oposición.
Desde Comunidad Organizada también apuntaron contra el gobernador Sergio Ziliotto, al cuestionar el proceso de designación de Mendiara en cargos judiciales. Según expresaron, el exfiscal había sido designado previamente como sustituto en distintas localidades y luego promovido a fiscal, lo que —según su postura— evidencia irregularidades en el funcionamiento institucional.
El comunicado sostiene además que la aceptación de la renuncia no debería haberse concretado mientras el funcionario se encontraba sometido a un proceso de jury, al considerar que ese mecanismo es clave para garantizar el control sobre integrantes del Poder Judicial. En esa línea, advirtieron que la decisión impide el desarrollo del debate público y el esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, manifestaron que la situación afecta la transparencia institucional y el acceso a la información por parte de la ciudadanía, al tiempo que cuestionó el funcionamiento de los mecanismos de control y el respeto por las normas constitucionales en la Provincia.
