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El Gobierno nacional dispuso una nueva etapa de ajuste del gasto público y ordenó a los ministerios profundizar los recortes, en medio de una caída sostenida de la recaudación tributaria que ya acumula ocho meses consecutivos.
Según fuentes oficiales citadas por TN, la Casa Rosada definió una pauta presupuestaria que contempla una reducción adicional del 2% en el gasto corriente y del 20% en el gasto de capital. Desde el Ejecutivo no precisaron el monto total de ahorro ni el impacto específico por áreas.
La decisión busca preservar el superávit fiscal y cumplir con el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto de mayores presiones sobre las cuentas públicas.
“La motosierra sigue”, señalaron fuentes oficiales, en referencia al plan de ajuste en marcha. Hasta marzo, el gasto había registrado una reducción del 3,3% en rubros como obra pública, transferencias a provincias y salarios del sector público. La baja en los ingresos fiscales fue el principal factor que motivó una nueva ronda de recortes.
El frente fiscal también enfrenta desafíos adicionales. Entre ellos, iniciativas legislativas en debate que podrían incrementar el gasto o afectar la recaudación, como el financiamiento universitario impulsado por la oposición y la reforma laboral.
En paralelo, el programa económico establece metas exigentes. Con el FMI, el Gobierno acordó un superávit primario de 2,2% para este año, mientras que en el Presupuesto 2026 se fijó en 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
De acuerdo con datos oficiales, en el primer bimestre del año se registró un superávit primario cercano al 0,4% del PBI y un superávit financiero del 0,1%.
En cuanto a la ejecución del gasto, varias partidas muestran caídas relevantes. Los salarios del sector público descendieron un 6,1% en el primer trimestre, al pasar de $3,9 billones a $3,7 billones a valores corrientes. También se redujeron las Asignaciones Familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), con una baja del 3,7%.
Otros rubros registraron ajustes más pronunciados: los programas sociales cayeron un 29,8% y las transferencias a provincias un 50,9%. En contraste, los subsidios económicos aumentaron cerca de un 67% interanual, en parte por la cancelación de deudas acumuladas con el sector energético.
En paralelo, otro indicador monitoreado por el FMI muestra una tendencia creciente: la deuda flotante. Este concepto refiere a compromisos de gasto devengados pero aún no pagados.
Hasta marzo, ese pasivo alcanzaba los $3,3 billones, equivalente a casi el 10% del gasto comprometido. El detalle por rubros muestra que los gastos de capital concentran el mayor nivel de deuda flotante, con un 41,8%, seguidos por bienes y servicios (29,8%) y remuneraciones (11,3%).
