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El conflicto entre el Gobierno y la prensa sumó un nuevo capítulo judicial: Ámbito Financiero presentó un amparo contra el Estado para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada, tras el cierre dispuesto por el Ejecutivo.
La demanda, impulsada por las empresas editoras del medio, incluye un pedido de medida cautelar para que se levante de inmediato la restricción, al considerar que vulnera la libertad de expresión y el acceso a la información pública. El reclamo apunta a que las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan retomar su trabajo habitual.
El conflicto se originó cuando el Gobierno dio de baja, sin previo aviso, las acreditaciones y accesos de todos los periodistas que cubren la actividad presidencial. La decisión fue ejecutada por la Casa Militar y paralizó la actividad en la sala de prensa.
Desde el oficialismo justificaron la medida por razones de seguridad, vinculadas a una denuncia por presunto espionaje ilegal contra periodistas de la señal Todo Noticias. Sin embargo, el amparo cuestiona que se haya aplicado una restricción generalizada sin distinción ni orden judicial.
El caso se da en un contexto de creciente tensión entre la gestión de Javier Milei y los medios, con denuncias de restricciones inéditas en democracia. Otros sectores del periodismo analizan acciones similares y la oposición evalúa intervenir en el Congreso.
Ahora, la Justicia deberá determinar si el cierre del acceso a la prensa constituye una medida válida por razones de seguridad o una limitación ilegítima a derechos constitucionales, en un fallo que podría sentar un precedente clave sobre libertad de prensa y acceso a la información.
