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Desde PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) señalaron que Argentina enfrenta importantes desafíos en materia de salud pública, con más de seis de cada diez personas con sobrepeso u obesidad y déficits nutricionales frecuentes de hierro, calcio, vitamina D y fibra. En ese contexto, consideran fundamental continuar impulsando políticas que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios de la población.
Según un informe difundido por la entidad, los expertos sostienen que toda estrategia destinada a promover una alimentación saludable debe garantizar el acceso a información nutricional comprensible y visible. Si bien reconocen que el etiquetado frontal constituye una herramienta valiosa, afirman que el sistema puede evolucionar incorporando criterios respaldados por la evidencia científica más reciente.
“La discusión no debería plantearse como una elección entre mantener o eliminar los octógonos. El verdadero desafío consiste en construir un sistema que preserve el derecho de las personas a recibir información nutricional sencilla, pero que al mismo tiempo refleje con mayor precisión las diferencias entre los alimentos”, afirmó la doctora en Nutrición María Elena Torresani, integrante de PROFENI.
La Ley Nacional N° 27.642 adoptó el modelo de perfil de nutrientes desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que utiliza umbrales móviles para identificar excesos de azúcares, sodio y grasas. Sin embargo, los especialistas remarcan que dicho modelo fue concebido originalmente para evaluar la calidad nutricional de la dieta en su conjunto y no para analizar alimentos de manera individual.
En ese sentido, advierten que los criterios actuales pueden generar situaciones en las que productos con perfiles nutricionales muy diferentes reciban la misma cantidad de advertencias, mientras que otros alimentos con mayor densidad energética o contenido de nutrientes críticos exhiban menos sellos.
“La herramienta debe permitir que las personas distingan claramente entre alimentos y comprendan mejor las diferencias que existen entre ellos”, explicó la médica nutricionista Mónica Katz, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Otro de los puntos observados por los especialistas es que el sistema vigente puede desalentar la reformulación de productos. Según explican, algunas empresas que reducen el contenido de azúcares, sodio o grasas saturadas no logran disminuir la cantidad de sellos debido a la forma en que se calculan los umbrales establecidos por la ley.
Los expertos también señalaron que la normativa actual solo alcanza a los alimentos envasados, tal como ocurre en otros países y de acuerdo con las recomendaciones del CODEX Alimentarius. Por ello, consideran necesario avanzar en mecanismos que permitan brindar información nutricional sobre productos comercializados en panaderías, carnicerías, heladerías y restaurantes, por ejemplo mediante sistemas de códigos QR.
Como alternativa, PROFENI propone avanzar hacia una “segunda generación” del etiquetado frontal basada en cuatro pilares: mantener el derecho a recibir información clara y visible; utilizar criterios técnicos expresados en valores absolutos por cada 100 gramos o mililitros, como ocurre en países como Brasil, Chile y Uruguay; diferenciar con mayor claridad los nutrientes propios de los alimentos de aquellos agregados durante la elaboración; e incentivar la reformulación progresiva de productos mediante objetivos regulatorios claros.
Por su parte, el director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA), Sergio Britos, recordó que ningún sistema de etiquetado por sí solo puede modificar los hábitos alimentarios de una población.
“La alimentación saludable depende también de la educación nutricional, del acceso a alimentos de calidad y del desarrollo de hábitos sostenidos dentro del hogar, la escuela y la comunidad. El etiquetado debe entenderse como una herramienta dentro de una estrategia mucho más amplia”, sostuvo.
Finalmente, los especialistas concluyeron que el escenario actual representa una oportunidad para revisar y perfeccionar la regulación vigente, incorporando nuevos conocimientos científicos y construyendo un sistema que preserve los avances alcanzados, pero que al mismo tiempo resulte más preciso, equitativo y alineado con las experiencias internacionales.
