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La causa judicial por la inundación que afectó a la ciudad de Santa Fe en 2003 llegó a su cierre definitivo tras más de dos décadas de trámite, con condenas confirmadas para exfuncionarios y el sobreseimiento de los últimos imputados, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez.
La inundación de 2003 constituyó una de las peores tragedias de la historia de la capital santafesina. El desborde del río Salado, agravado por intensas lluvias, anegó los sectores oeste y sur de la ciudad, afectó a más de 130.000 personas y provocó la muerte de 23.
La catástrofe también expuso graves deficiencias en la gestión de las autoridades de entonces. En 2008, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Santa Fe confirmó la condena a 21 años de prisión para el exdirector de Obras Hidráulicas, Eduardo Beracchia, y otros funcionarios por no ejecutar las obras de contención necesarias, pese a contar con los fondos correspondientes, y por la falta de mantenimiento del sistema de desagües.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó esas condenas en 2025, al considerar que la negligencia estatal tuvo consecuencias penales, según un informe periodístico de El Litoral.
El proceso concluyó en diciembre de 2025, cuando el juez Eduardo Beracchia (hijo) dictó el sobreseimiento definitivo de los últimos imputados de la causa, entre ellos el exintendente Marcelo Álvarez. La resolución puso fin a un expediente judicial que se extendió durante más de dos décadas.
Para muchas de las víctimas, el cierre del proceso judicial no modificó las consecuencias de la tragedia. “Perdimos todo, y aunque haya condenados, el dolor sigue”, expresó una vecina del barrio San Lorenzo, uno de los sectores más afectados.
A 23 años de la inundación, Santa Fe recuerda la tragedia como un punto de inflexión sobre la importancia de la prevención, la ejecución de obras hidráulicas y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a situaciones de riesgo.
