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El Gobierno nacional negocia modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal II para excluir a determinados funcionarios públicos de algunos de los principales beneficios del régimen.
La propuesta permitiría que los funcionarios utilicen el esquema simplificado para cumplir con sus obligaciones tributarias, pero no accederían a las presunciones ni a los efectos liberatorios contemplados en la iniciativa.
El cambio surgió durante las conversaciones con bloques aliados y busca facilitar la aprobación del proyecto en Diputados, donde el oficialismo necesita reunir apoyos para obtener dictamen.
El proyecto original no establecía una exclusión específica. El tema cobró relevancia tras el caso que involucró al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, quienes en junio de 2026 se incorporaron al régimen simplificado de Ganancias antes de presentar su declaración jurada.
Las modificaciones son analizadas en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal. También se debate la situación de quienes hayan ocupado cargos públicos en los últimos años y la posibilidad de limitar su acceso a mecanismos para justificar o exteriorizar fondos no declarados.
La iniciativa forma parte del plan oficial para modificar el esquema de fiscalización de Ganancias y facilitar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema.
El Gobierno continuará negociando con los bloques dialoguistas otros aspectos, entre ellos las condiciones de acceso al régimen y los mecanismos para regularizar diferencias detectadas por ARCA.
