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Una funcionaria bonaerense fue detenida en La Plata acusada de integrar un presunto esquema de lavado de activos por unos $27.000 millones, que habría utilizado datos personales y biométricos de personas vulnerables para abrir cuentas en billeteras virtuales.
La investigación está a cargo de la fiscal Betina Lacki y derivó en nueve allanamientos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.
La principal acusada es Albertina Mangini, quien cumplía tareas en una oficina de enlace vinculada al Patronato de Liberados. Según la investigación, habría ofrecido unos $80.000 a personas en situación de vulnerabilidad a cambio de fotografías de sus documentos, reconocimiento facial y escaneo del iris.
Con esos datos se habrían creado cuentas en plataformas como Mercado Pago, Goala y PayPal, que luego eran controladas por integrantes de la presunta organización.
Los investigadores detectaron movimientos por unos $27.000 millones en un año y sospechan que se utilizó la modalidad conocida como “pitufeo”, mediante la fragmentación de grandes sumas en múltiples operaciones. Parte de los fondos tendría origen en el juego clandestino y habría sido ingresada a plataformas de apuestas para luego retirarla como supuestas ganancias.
La causa también involucra a Ignacio Leonel Marchioni, quien ya está imputado en la investigación sobre Sur Finanzas y es señalado por su presunta participación en el circuito financiero de la maniobra.
Además de Mangini y Marchioni, fueron imputadas otras cuatro personas por presuntos delitos de estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
La Justicia deberá analizar ahora el material secuestrado para determinar el alcance de la organización y el destino de los fondos.
El Gobierno bonaerense aclaró que Mangini no es empleada del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio Público Fiscal, aunque tenía acceso a información de personas condenadas por sus tareas en una dependencia vinculada al Patronato de Liberados.
