¿Justo hoy?: el Gobierno pampeano salió a destacar el trabajo de Niñez en otro caso

Mientras en Rancul una movilización reunió este domingo a vecinos y familiares para reclamar por la permanencia del bebé junto a la familia que lo tiene bajo su cuidado, el Gobierno de La Pampa difundió un comunicado oficial referido a otro caso de protección de derechos de niños ocurrido en General Pico.

La coincidencia temporal resulta llamativa. En una jornada marcada por el fuerte cuestionamiento de la familia Díaz-Pizzani hacia la Dirección de Niñez y por un pedido público dirigido al gobernador Sergio Ziliotto, la administración provincial salió a comunicar una intervención de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que presenta al organismo actuando de manera inmediata frente a una situación que, según se informó oficialmente, podría configurar una apropiación ilegal de un niño.

De acuerdo con el comunicado, la semana pasada el organismo tomó conocimiento de una situación en la que una pareja habría recibido a un niño de parte de su progenitora, en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero. La situación fue denunciada penalmente el 3 de septiembre y el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico rechazó una presentación realizada por la pareja para regularizar judicialmente la situación, dando intervención al Ministerio Público Fiscal.

El Gobierno también señaló que durante las intervenciones se detectaron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del niño mientras se encontraba bajo el cuidado de la pareja, circunstancia que fue puesta en conocimiento de la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.

Finalmente, se informó que se adoptó una medida excepcional y que el niño quedó bajo el cuidado y resguardo de un dispositivo estatal especializado.

Un mensaje sobre el rol de Niñez

Más allá de las diferencias sustanciales entre ambos expedientes, el comunicado provincial dedica un apartado específico a explicar y reivindicar el marco de actuación de los organismos de protección.

La Subsecretaría remarcó que las entregas directas de niños entre particulares, por fuera de los procedimientos establecidos, no constituyen una vía válida para determinar vínculos de filiación o adopción y pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas por la Justicia.

También destacó que los procesos de adopción requieren la intervención de los organismos competentes y de la autoridad judicial, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

El mensaje oficial sostiene así que la prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de los derechos de las infancias y el cumplimiento de las normas vigentes.

La coincidencia con la marcha en Rancul

El comunicado fue difundido este domingo, pocas horas después de que en Rancul se realizara una movilización en respaldo de la familia Díaz-Pizzani y del bebé, en medio de la intimación para que el niño sea entregado este lunes.

Durante la marcha, Joaquín Díaz cuestionó duramente el accionar de la Dirección de Niñez y dirigió parte de su reclamo directamente al gobernador Sergio Ziliotto. Frente a los vecinos que se acercaron a la Plaza de Rancul, sostuvo que las autoridades "tienen la lapicera" para revertir la situación y reclamó que reconsideren la decisión.

El padre también aseguró que no aceptará ser silenciado y cuestionó lo que considera un trato injusto hacia su familia.

En ese contexto, la aparición de un comunicado oficial que destaca la intervención de Niñez en otro caso y dedica buena parte de su contenido a defender la necesidad de respetar los procedimientos legales puede ser leída como una reivindicación institucional del organismo, aunque el Gobierno no vinculó expresamente el comunicado con lo ocurrido en Rancul.

Dos casos diferentes, un mismo debate

Los expedientes son diferentes y no existe, en la información difundida oficialmente, ninguna vinculación jurídica entre ambos. Sin embargo, ambos hechos vuelven a poner en el centro de la discusión pública el papel del Estado en las decisiones que involucran a niños y, particularmente, el alcance de las intervenciones de los organismos de protección.

Mientras en General Pico el Gobierno presenta la intervención estatal como una respuesta necesaria frente a una situación que podría involucrar delitos contra un niño, en Rancul una familia y un sector importante de la comunidad cuestionan precisamente la intervención de los organismos estatales y reclaman que se permita al bebé continuar junto a quienes lo han cuidado.

La coincidencia de ambos hechos en la agenda pública provincial, y especialmente en la misma jornada de la movilización de Rancul, agrega un nuevo componente a un caso que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que mantiene en vilo a la comunidad.