INFOTEC 4.0
La iniciativa no apunta a intervenir sobre un caso particular ni a cuestionar decisiones judiciales, sino a conocer de manera presencial cómo funciona el Sistema Provincial de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes. Cuadrado pretende que los responsables del área expliquen ante los legisladores cuáles son los criterios, protocolos y herramientas utilizados para adoptar y revisar medidas de protección.
Entre los puntos sobre los que solicita información se encuentran las medidas excepcionales de protección, los dispositivos de cuidado alternativo, los procesos de revinculación familiar y el Programa de Familias de Contención. También pide conocer cuántos niños y adolescentes se encuentran actualmente bajo medidas excepcionales, cuántos fueron separados de sus familias de origen y cuáles son los criterios utilizados para decidir la continuidad, modificación o finalización de esas medidas.
Uno de los aspectos que adquiere especial interés frente a situaciones como la que se discute actualmente en Rancul es el procedimiento utilizado para iniciar, desarrollar, acompañar y evaluar los procesos de revinculación familiar.
El proyecto solicita precisiones sobre los protocolos aplicados, los mecanismos de revisión periódica y los tiempos promedio de duración de estos procesos. También plantea la necesidad de conocer de qué manera se garantiza el contacto de niñas y niños con sus progenitores, familiares directos y demás referentes afectivos cuando ello resulte compatible con su interés superior.
Cuadrado también requiere información sobre la conformación y disponibilidad de los equipos interdisciplinarios que intervienen en estas situaciones y sobre los recursos humanos con los que cuenta el organismo para realizar el seguimiento de cada caso.
Otro de los ejes del pedido legislativo está puesto en el Programa de Familias de Contención. La diputada pretende conocer cómo funciona, cuáles son sus protocolos de actuación y qué criterios se utilizan para determinar el ingreso, la permanencia y el egreso de niñas y niños.
En particular, el proyecto incorpora preguntas sobre la forma en que se evalúa y documenta el vínculo afectivo que puede construirse entre un niño y una familia de contención durante el período de acogimiento, además de los criterios generales que se aplican cuando llega el momento del egreso.
También se solicita información sobre cómo se comunican a las familias de origen y de contención aquellas decisiones administrativas que producen modificaciones sustanciales en la situación de un niño.
El planteo de Cuadrado aparece en un momento en el que el funcionamiento de los organismos de protección de derechos de la infancia volvió a quedar bajo la mirada pública en La Pampa a partir de la situación del bebé de Rancul.
En ese caso, familiares y vecinos vienen reclamando explicaciones sobre las medidas adoptadas y sobre el futuro del niño, mientras la situación generó movilizaciones y pedidos públicos para que se revise la intervención estatal.
La coincidencia no significa que el proyecto de la legisladora esté dirigido específicamente contra los funcionarios que intervienen en ese expediente. De hecho, Cuadrado deja expresamente planteado que el objetivo es obtener información general sobre el funcionamiento del sistema y no intervenir en decisiones judiciales ni expedirse sobre casos particulares.
Sin embargo, los interrogantes que plantea la iniciativa atraviesan algunos de los puntos que suelen resultar centrales en este tipo de situaciones: cuándo el Estado dispone una medida excepcional, bajo qué parámetros decide mantenerla, cómo se trabaja la revinculación, qué lugar ocupan los referentes afectivos y cómo se evalúa el vínculo construido con una familia de contención.
“Queremos que el Estado explique cómo funciona el sistema, qué criterios utiliza y cómo evalúa sus intervenciones cuando está en juego el derecho de un niño a mantener sus vínculos familiares y afectivos”, sostuvo Cuadrado.
La diputada remarcó que el pedido se encuadra en las facultades del Poder Legislativo para realizar tareas de seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas provinciales.
“Cuando hablamos de niñez, el Estado tiene que poder explicar qué hace, cómo lo hace y con qué herramientas cuenta. El objetivo es fortalecer las políticas públicas y garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea realmente el criterio que guíe cada intervención”, afirmó.
El proyecto propone así llevar a la Legislatura una discusión que, en las últimas semanas, trascendió el caso puntual de Rancul y volvió a poner en debate el funcionamiento de las políticas provinciales de protección de niños y adolescentes, especialmente en aquellos escenarios donde las decisiones estatales modifican sus vínculos familiares y afectivos.
