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El Juzgado Federal de Santa Rosa, con competencia electoral y a cargo del juez Juan José Baric, condenó a seis meses de inhabilitación al presidente de Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Martín Horacio Balsa, y al tesorero partidario Maximiliano Nahuel Zorrilla.
La sanción les impide durante ese período ejercer el derecho a elegir y ser elegidos para cargos públicos nacionales y autoridades partidarias, además de desempeñar funciones públicas o partidarias. La Justicia los consideró coautores de una infracción prevista en la Ley 26.215, vinculada con la falta de acreditación del origen y destino de fondos partidarios.
La investigación detectó que el partido recibió $3.340.869,71 en aportes privados provenientes de descuentos realizados a afiliados que se desempeñan como funcionarios de la Cámara de Diputados de La Pampa. Sin embargo, las transferencias se realizaron de manera global, sin permitir identificar individualmente a los aportantes en los movimientos bancarios y registros contables.
También se detectaron $823.582 en extracciones mediante cinco cheques al portador. De ese monto, solo pudieron justificarse $14.000 correspondientes a un proveedor formal, mientras que los restantes $809.582 quedaron sin respaldo suficiente.
Entre las irregularidades señaladas por el tribunal figuran cheques cobrados por la propia abogada defensora, comprobantes correspondientes a la estructura nacional del partido o a particulares, tickets de combustible vinculados al CUIL de la letrada, una factura de 2023 utilizada para justificar gastos de 2024 y anotaciones en el Libro Diario sin documentación respaldatoria.
El fallo también señaló que los estados contables de 2024 habían sido desaprobados debido a irregularidades en la confección del Libro Diario, donde se incorporaron fotocopias y hojas adicionales que afectaron su inalterabilidad e impidieron la auditoría correspondiente.
Balsa, Zorrilla y su defensora no asistieron a la audiencia de juicio oral, que se realizó en su ausencia conforme al procedimiento previsto. Al establecer la sanción, el juez consideró que no registraban antecedentes previos, aunque remarcó la importancia de preservar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
