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Una de las denuncias fue presentada por una ciudadana que forma parte de un juicio que, según se indicó, lleva 27 años de trámite, y cuestiona resoluciones y actuaciones atribuidas al ministro del Superior Tribunal de Justicia José Sappa. La segunda presentación fue realizada por un abogado, quien solicitó el enjuiciamiento político de Hugo Díaz, Idelbrando Losi y Verónica Campo, también integrantes del máximo tribunal provincial.
De acuerdo con lo informado por Comunidad Organizada, la segunda denuncia sostiene que los tres magistrados habrían cubierto presuntamente el accionar de personas que ocuparon cargos judiciales en carácter de sustitutos. Según el planteo, al no poder someter a esos funcionarios al procedimiento previsto por la Constitución para los integrantes del Poder Judicial, la responsabilidad por sus actuaciones recaería sobre los miembros del Superior Tribunal.
Durante la reunión de la Sala Acusadora no estuvo presente el diputado Maximiliano Aliaga, quien tampoco había participado de la sesión de la Cámara de Diputados de la semana pasada por motivos de salud. No obstante, la presidenta del bloque de Comunidad Organizada, Sandra Fonseca, presentó por escrito los dos votos de Aliaga correspondientes a cada una de las denuncias.
En ambos documentos, Comunidad Organizada sostuvo que las denuncias no deberían ser rechazadas in limine, es decir, sin avanzar en su análisis, debido a que —según argumentaron— la Constitución establece como primer paso recabar los datos y elementos probatorios aportados por quienes realizan las presentaciones. “No se puede rechazar una denuncia sin siquiera conocer las pruebas que existen”, plantearon.
El espacio también fundamentó su postura en el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, cuya aplicación en el Poder Judicial de La Pampa fue declarada por el propio Superior Tribunal de Justicia en 2016. Según recordó Comunidad Organizada, ese código establece que “el juez debe estar dispuesto a responder voluntariamente por sus acciones y/u omisiones” y que debe mantener “una actitud positiva hacia los sistemas de evaluación de su desempeño”.
A partir de esas disposiciones, el sector consideró que el tratamiento de las denuncias no debería estar condicionado por una interpretación restrictiva que impida investigar el accionar de integrantes del máximo tribunal provincial. Según expresaron, los magistrados deberían tener disposición a brindar explicaciones dentro del procedimiento constitucional previsto para estos casos.
Finalmente, Comunidad Organizada sostuvo que impedir el avance de una investigación podría interpretarse como “un encubrimiento político” de integrantes del Superior Tribunal de Justicia y advirtió que, a su criterio, una situación de ese tipo profundizaría la pérdida de credibilidad en las instituciones de la provincia.
