INFOTEC 4.0
El cuerpo legislativo resolvió avanzar con nuevos requerimientos de información y documentación dirigidos de manera individual y específica a los organismos provinciales que tuvieron competencia en las distintas etapas de la intervención estatal. La decisión se produce luego de la respuesta que el Poder Ejecutivo había remitido a Diputados, en la que reclamó que los pedidos de la Legislatura fueran precisos y que no implicaran revisar decisiones del Poder Judicial.
En su contestación a Ziliotto, la Comisión señaló que varias de las consideraciones formuladas por el Ejecutivo resultan reiterativas respecto de límites que el propio cuerpo ya había establecido. En ese sentido, volvió a aclarar que no pretende analizar, revisar ni emitir opinión sobre el mérito o conveniencia de las decisiones judiciales, ni acceder a expedientes judiciales o información alcanzada por reserva.
La Comisión remarcó que su trabajo está circunscripto a la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales. En ese marco, buscará analizar procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones, mecanismos de coordinación y demás actuaciones que se encuentren dentro de las competencias de la Administración.
El objetivo declarado desde la conformación de la comisión es determinar, a partir de documentación y testimonios, si existieron irregularidades en los procedimientos desarrollados por los organismos provinciales y eventualmente establecer las responsabilidades administrativas o institucionales que pudieran corresponder. La investigación fue constituida por unanimidad de la Cámara de Diputados.
Frente a los límites planteados por el Ejecutivo, la Comisión sostuvo que en un sistema republicano el ejercicio del poder público está sujeto a controles recíprocos y que el Poder Legislativo tiene entre sus atribuciones el control y fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo.
Desde el cuerpo legislativo remarcaron que ese control no implica una intromisión en las competencias del Gobierno provincial, sino el ejercicio de una facultad propia de la Legislatura.
A partir de ahora, los requerimientos serán enviados por separado a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Seguridad y Justicia, y Salud, con la información solicitada delimitada de acuerdo con las competencias de cada organismo.
Los ministerios tendrán un plazo de cinco días hábiles para responder. En caso de que la naturaleza o el volumen de la documentación requerida demande más tiempo, deberán comunicarlo a la Comisión, explicar los motivos y señalar un plazo estimado para completar la respuesta.
La estrategia adoptada busca precisar los pedidos y evitar justamente uno de los cuestionamientos formulados por el Poder Ejecutivo, que había reclamado que la información requerida estuviera debidamente individualizada.
La nueva etapa de requerimientos se suma a las actuaciones que la Comisión ya viene realizando desde su conformación. El cuerpo recibió la semana pasada a integrantes de la familia de contención que intervino en el caso del bebé de Rancul, quienes brindaron su testimonio y aportaron documentación vinculada con lo ocurrido.
Además, la Comisión contará este martes con la presencia de las abogadas que intervienen en el caso objeto de investigación, en el marco de las entrevistas previstas para reunir información sobre las actuaciones y procedimientos desarrollados.
La investigación continuará con el análisis de la documentación que sea remitida por los organismos provinciales y con nuevos testimonios, manteniendo como límite formal el resguardo de la identidad y los derechos de niñas, niños y adolescentes involucrados.
El nuevo intercambio entre la Comisión y el Poder Ejecutivo marca así otra instancia dentro de una investigación que comenzó con el pedido de expedientes y actuaciones al gobernador y que ahora avanza con requerimientos específicos a los ministerios involucrados.
