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El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de inmediato con la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo, firmado por el juez Martín Cormick, hizo lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA). El magistrado ordenó dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para aplicar la ley, que contempla partidas para el funcionamiento de las universidades y la recomposición salarial de docentes y no docentes.
El Gobierno había intentado detener la norma primero mediante un veto, que fue rechazado por el Congreso. Luego dictó el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.
Cormick sostuvo que el decreto “no supera un test mínimo de razonabilidad” y consideró que funcionó como un mecanismo “extraconstitucional”, al configurar una instancia de veto que no está prevista en la Constitución Nacional.
El juez también señaló que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario forma parte de las facultades propias de la Justicia. Además, cuestionó el impacto fiscal atribuido a la ley y citó un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual su costo durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
