Muerte de Maradona: pidieron 12 años de prisión para Leopoldo Luque y 8 para Agustina Cosachov

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren solicitaron penas de hasta 12 años de prisión para los profesionales acusados por la muerte de Diego Maradona, durante los alegatos del juicio. Pidieron 12 años para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 para Nancy Forlini y ocho para la psiquiatra Agustina Cosachov.

También reclamaron cinco años para el psicólogo Carlos Díaz y cuatro para el enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermería Mariano Perroni, además de inhabilitaciones profesionales. Para Luque, Forlini y Cosachov mantuvieron la acusación por homicidio con dolo eventual, mientras que para Díaz, Almirón y Perroni plantearon homicidio culposo.

La fiscalía, en cambio, desistió de acusar al médico clínico Pedro Di Spagna y pidió su absolución. Ferrari sostuvo que había intervenido como interconsultor y no tenía capacidad de decisión sobre el tratamiento.

Los fiscales señalaron a Luque y Forlini como los principales responsables de organizar la atención de Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 mientras permanecía en una vivienda de Benavídez. A Luque le cuestionaron no haber profundizado estudios, no gestionar una internación especializada y desatender señales como la hinchazón y la retención de líquidos.

Respecto de Forlini, Ferrari cuestionó la organización de la atención domiciliaria y afirmó que se registraban controles que no se habían realizado. También responsabilizó a Cosachov por avalar el retiro de acompañantes terapéuticos y a Almirón por irregularidades en los registros de enfermería.

Uno de los principales ejes del alegato fue la falta de equipamiento médico en la vivienda. Según la acusación, Maradona permaneció en un lugar sin recursos básicos para afrontar una emergencia.

Ferrari sostuvo que el deterioro fue progresivo y rechazó la hipótesis de una muerte súbita e imprevisible. Citó a la Junta Médica, que concluyó que la atención había sido inadecuada y que el fallecimiento era evitable.

Tras los alegatos de la fiscalía expondrán las querellas y las defensas, antes de que el tribunal defina la responsabilidad penal de los acusados. El actual debate comenzó el 14 de abril, luego de la anulación del primer juicio por el escándalo relacionado con la jueza Julieta Makintach.