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El gobernador Sergio Ziliotto remitió a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Provincial de Tierras Rurales que busca establecer un marco regulatorio propio ante la ausencia de una normativa nacional vigente en la materia.
La propuesta prohíbe la venta de tierras rurales a personas físicas y jurídicas extranjeras cuando incluyan o limiten directamente con recursos naturales estratégicos, como ríos, acuíferos, lagunas, humedales y bosques nativos, o estén ubicadas en áreas protegidas. También impide la adquisición por parte de Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera.
Para el resto del territorio, el proyecto fija superficies máximas de tenencia extranjera que oscilarán entre 1.000 y 20.000 hectáreas, según la zona y su productividad, tomando como referencia las Unidades Económicas Agrarias previstas en la Ley Provincial 468.
Además, establece un límite del 15% de tierras rurales extranjerizadas tanto a nivel provincial como departamental. Dentro de esos porcentajes, la participación de titulares de una misma nacionalidad no podrá superar el 30%.
La iniciativa contempla excepciones para personas extranjeras con determinados vínculos y años de residencia en el país. Quedarán fuera de los límites de superficie quienes acrediten diez años de residencia continua y permanente, o cinco años si tienen hijos argentinos. También se incluye a quienes mantengan matrimonio o unión convivencial con una persona argentina desde hace al menos cinco años y cumplan el requisito de residencia equivalente.
Asimismo, el proyecto prevé un supuesto especial para extranjeros naturalizados por inversión que acrediten dos años de residencia continua ante el Registro Provincial de Tierras Rurales.
Los fundamentos jurídicos se apoyan en los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, vinculados con las competencias provinciales y el dominio originario de los recursos naturales, y en los artículos 18 y 33 de la Constitución de La Pampa, relacionados con la preservación ambiental y la función social de la propiedad.
La propuesta toma como antecedente la derogada Ley Nacional 26.737 y menciona regulaciones de otros países que establecen restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Ahora deberá ser analizada por la Legislatura provincial.
