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El Gobierno nacional aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada y organismos dependientes del Poder Ejecutivo. La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza al personal de planta permanente y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado.
La inscripción estará abierta durante noviembre y podrá prorrogarse una sola vez por hasta 30 días corridos, por decisión de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública.
El régimen contempla tres grupos. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios para jubilarse. Podrán cobrar el 60% de su salario bruto mensual durante un máximo de 36 meses o recibir una gratificación por antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones y un límite vinculado al tiempo restante para jubilarse.
El segundo grupo comprende a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes. Recibirán un sueldo bruto por año de antigüedad, hasta 18 remuneraciones, más cinco sueldos adicionales.
El tercer grupo abarca a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. La compensación será de un sueldo bruto por año trabajado, con un máximo de 20 remuneraciones, más cuatro sueldos adicionales para quienes tengan menos de 15 años de antigüedad o cinco para quienes alcancen o superen ese período.
Quedarán excluidos los agentes procesados por determinados delitos, quienes afronten sumarios disciplinarios graves, mantengan reclamos contra el Estado por su relación laboral —salvo excepciones— o hayan iniciado trámites jubilatorios. Tampoco podrán adherirse quienes ya reúnan los requisitos para jubilarse, tengan una renuncia pendiente de aceptación o estén en situación de disponibilidad.
La norma establece, además, que los organismos deberán eliminar los cargos presupuestarios correspondientes cuando se concrete el cese laboral.
