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title: "Comunidad Organizada rechazó el Presupuesto 2027 y cuestionó las prioridades provinciales"
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description: "En la sesión ordinaria desarrollada en la Cámara de Diputados de La Pampa, el bloque Comunidad Organizada votó negativamente el Presupuesto y la Ley Impositiva 2027. Además, rechazó el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo."
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# Comunidad Organizada rechazó el Presupuesto 2027 y cuestionó las prioridades provinciales

![Fonseca Aliaga noviembre 26](/download/multimedia.normal.90c61391d3d81030.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

Los diputados Maximiliano Aliaga y Sandra Fonseca fundamentaron la postura del bloque con cuestionamientos a la presión fiscal, el gasto público, las políticas de seguridad, niñez, educación y salud, y el manejo de los recursos provinciales.

### Ley Impositiva 2027: críticas a la presión fiscal

Durante el tratamiento de la Ley Impositiva 2027, el diputado Maximiliano Aliaga cuestionó el esquema presentado por el Poder Ejecutivo y sostuvo que, frente a un mercado interno deprimido, la caída de la coparticipación y el retiro del Estado Nacional, la respuesta del Gobierno provincial es trasladar el peso del ajuste a los contribuyentes.

“Estamos debatiendo una ley impositiva para el año 2027 que el Poder Ejecutivo nos presenta bajo el argumento de un mercado interno deprimido, la caída de la coparticipación y el retiro del Estado Nacional. Sin embargo, cuando analizamos el articulado en profundidad, vemos que la respuesta del gobierno provincial frente a esta crisis no es aliviar al que produce, al que comercia o al que trabaja, sino trasladar todo el peso del ajuste sobre el bolsillo de los pampeanos”, manifestó.

En ese sentido, cuestionó que el proyecto actualice los importes fijos y mínimos siguiendo la inflación, sin presentar “ni una sola línea sobre un programa de austeridad de gasto político provincial”. También señaló que mantener la presión fiscal de Ingresos Brutos en un contexto recesivo “solo sirve para asfixiar aún más la actividad económica en lugar de reactivarla”.

En relación con el sector agropecuario, recordó que fue el propio subsecretario de Hacienda quien reconoció que es el sector que viene soportando una carga fiscal elevadísima y sostiene el sistema con sus saldos a favor en el CAVI de Rentas.

Aliaga también cuestionó el alcance del régimen simplificado provincial, al señalar que sus beneficios se limitan exclusivamente a las categorías A y B, dejando afuera a pequeños y medianos comerciantes de la categoría C en adelante. Asimismo, manifestó su preocupación por el reemplazo de la Ley de Cuota Cero generalizada para la industria por un esquema de créditos fiscales de la Ley 2304.

“Cambiar reglas claras y parejas para todos por un incentivo que se asigna de manera selectiva es sumar burocracia, discrecionalidad, donde debería haber previsibilidad para invertir”, advirtió.

Otro de los puntos señalados fueron los pisos establecidos para los terrenos baldíos y el inmobiliario rural. Aliaga cuestionó que se fijen mínimos de $102.400 para terrenos baldíos y de $288.600 para el inmobiliario rural, por considerar que afectan a familias, herederos y productores del interior.

También objetó que, para realizar trámites básicos de subdivisión, unificación o escritura, el artículo 41 exija pagar por adelantado todo el impuesto proyectado para 2027.

A esto sumó su preocupación por las disposiciones vinculadas a los chats y correos electrónicos presentados como prueba en juicio, al considerar que la normativa “abre una puerta muy delicada a la intromisión y sobre el control de la correspondencia privada de los pampeanos”.

Durante su intervención, el legislador también cuestionó el SIRCREB y afirmó: “Es una sustracción ilegal sobre las cuentas privadas de los pampeanos que se sigue ejerciendo”.

“Por estas razones desde nuestro bloque no podemos acompañar este proyecto tal como está planteado y exigimos verdadero incentivo a la producción y un alivio fiscal real para todos los pampeanos”, concluyó Aliaga.

### Presupuesto 2027: cuestionamientos a seguridad, niñez, educación y salud

En relación con el Presupuesto Provincial para el ejercicio financiero 2027, la diputada Sandra Fonseca expuso los cuestionamientos de Comunidad Organizada sobre distintas áreas de la administración provincial.

En materia de seguridad, manifestó que existe una situación de “grave anomalía institucional” en el sistema, específicamente en la Policía de La Pampa, debido a que la ley de seguridad ciudadana no fue reglamentada dentro de los plazos correspondientes.

“Nosotros generamos leyes y el Poder Ejecutivo hace lo que quiere”, sostuvo.

También advirtió sobre las condiciones laborales y salariales del personal policial, la desproporción en la pirámide salarial y los retrasos en el pago de adicionales. En ese marco, señaló la situación de salud mental de los trabajadores policiales y expresó: “Ha habido 16 casos de suicidios”.

Desde Comunidad Organizada, indicó, hace años promueven en la Legislatura pampeana la creación de una mesa salarial policial para que los trabajadores puedan discutir sus condiciones laborales y salariales. Según explicó, la iniciativa no busca constituir una agremiación, sino dar respuesta a las demandas del personal policial.

Fonseca también remarcó la falta de prevención en materia de seguridad vial y cuestionó que el ministro de Seguridad, Di Nápoli, no reúna al Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Tránsito para discutir la implementación de la RTO en Santa Rosa, que calificó como ilegal.

En materia de políticas sociales, volvió a reclamar la implementación de la Ley Provincial N° 2703 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y cuestionó que no cuente con una partida presupuestaria identificada.

Recordó que la propia ley establece que el presupuesto anual debe identificar los recursos necesarios para su cumplimiento y que los fondos destinados a estos programas deben ser intangibles. También advirtió sobre la falta de unidades locales de Niñez y de equipos especializados en distintas localidades.

“El sistema de protección de la Niñez está desguarnecido”, sostuvo. Además, cuestionó que los equipos que intervienen en situaciones de mayor vulnerabilidad estén integrados por trabajadores precarizados.

En el área educativa, la legisladora señaló la falta de previsiones presupuestarias para garantizar la obligatoriedad de la sala de tres años, la necesidad de nuevos espacios y docentes, las deficiencias en la formación docente y las dificultades en materia de educación inclusiva.

Respecto del presupuesto destinado a Salud y a la fábrica de medicamentos, cuestionó que, luego de haberse invertido más de 2 millones de dólares de recursos pampeanos en su construcción, ahora se pretenda negociar su funcionamiento como una empresa privada.

“Nosotros pusimos plata, hicimos la fábrica de medicamentos, ahora está el fideicomiso, pero va a venir un privado y se la lleva”, expresó.

Por su parte, Aliaga cuestionó el nivel de gasto previsto para 2027 y sostuvo que el Gobierno provincial busca responsabilizar al Gobierno nacional por la falta de recursos, sin ordenar sus propias cuentas.

“Más que una defensa técnica del presupuesto, lo que escuchamos fue el mismo libreto de siempre, intentar responsabilizar al gobierno nacional por la falta de dinero, por la falta de voluntad de la provincia para ordenar sus propias cuentas”, manifestó.

El diputado señaló que el incremento presupuestario interanual del 40,5% implica que el Gobierno provincial proyecta aumentar el gasto público casi al doble de la inflación esperada. “Eso no es austeridad, ni estrechez, es seguir expandiendo el gasto por encima de la economía real”, afirmó.

Aliaga remarcó que casi el 80% del presupuesto corresponde a erogaciones corrientes, mientras que la obra pública real representa apenas el 8,6%. También cuestionó la falta de controles y transparencia en el manejo de los recursos públicos, y mencionó las partidas destinadas a fideicomisos, la flota aérea provincial, el Fondo de Vialidad y el área hidrocarburífera El Medanito.

Sobre este último punto, advirtió que “es la gran espada de Damocles que pesa sobre el pueblo pampeano”, en referencia al daño ambiental cuya remediación demandaría más de 50 millones de dólares.

Finalmente, sostuvo que “este presupuesto consolida el gasto político, castiga la inversión real y demuestra que el problema de La Pampa no es la falta de recursos, sino las malas prioridades adjudicadas por el gobierno de Ziliotto”.

### Ampliación presupuestaria: objeciones al manejo de los fondos

En la misma sesión también se trató el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Poder Ejecutivo. Comunidad Organizada expresó su rechazo y cuestionó la delegación de facultades extraordinarias al gobernador, el manejo discrecional de fondos afectados y la falta de transparencia en la asignación de los recursos.

Al respecto, Aliaga manifestó que el proyecto busca habilitar al gobernador a reestructurar partidas presupuestarias de manera discrecional y a utilizar transitoriamente fondos que tienen un destino específico por ley.

“No vamos a convalidar que, bajo el argumento de una ampliación presupuestaria, se avance sobre las facultades de control de esta Cámara y se disponga libremente de recursos que pertenecen a todos los pampeanos”, sostuvo.

Uno de los aspectos que señaló como más preocupantes es que más del 58% de la ampliación presupuestaria —$63.455.162.800 sobre un total de $108.600 millones— se concentra en una partida global denominada “Crédito Personal Reservado”, bajo la órbita de la Contaduría General.

“Estamos hablando de más de 63 mil millones de pesos sin un desglose detallado que permita conocer con precisión cómo y a quiénes se van a destinar esos fondos. No alcanza con decir que se trata de recursos para afrontar salarios. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra cada peso del presupuesto público y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir cuentas”, manifestó.

Aliaga vinculó esta ampliación con las advertencias que Comunidad Organizada había formulado durante el tratamiento del Presupuesto 2026. En ese sentido, señaló que el Gobierno provincial había proyectado una inflación anual del 10,1%, cuando la evolución de los precios terminó mostrando un escenario diferente.

“Lo advertimos cuando discutimos el presupuesto: las previsiones del Gobierno no reflejaban la realidad económica. Ahora, a pocos meses de finalizar el ejercicio, estamos frente a una ampliación de más de 108 mil millones de pesos. Esto demuestra las consecuencias de elaborar presupuestos sin previsibilidad y con estimaciones que no se corresponden con la realidad”, expresó.

El diputado también cuestionó las prioridades del gasto provincial. Mientras se incorporan importantes sumas a partidas globales reservadas, señaló que áreas esenciales como salud, seguridad y educación continúan enfrentando necesidades de funcionamiento, desde combustibles e insumos básicos hasta alimentos y servicios de limpieza. A ello sumó los atrasos en la ejecución de viviendas y obras de infraestructura escolar.

“Los recursos tienen que estar donde están las necesidades de los pampeanos. No podemos naturalizar que se concentren miles de millones en partidas que no tienen suficiente transparencia, mientras las áreas esenciales y las obras que necesita la provincia siguen esperando respuestas”.

Por otra parte, cuestionó que, frente a la caída de los recursos, la respuesta del Gobierno provincial sea responsabilizar al Gobierno nacional por la coparticipación, recurrir a otros $8.000 millones de financiamiento y disponer de fondos afectados, sin avanzar en una política concreta de reducción del gasto político y administrativo.

“En ningún momento vemos un verdadero plan de austeridad que revise los gastos improductivos de la política. Tampoco encontramos medidas orientadas a reducir la presión fiscal y generar condiciones para que el sector privado pampeano pueda invertir, producir y crear empleo genuino. La salida no puede ser siempre más deuda, más discrecionalidad y más presión sobre los recursos públicos”.

Finalmente, Aliaga sostuvo que el proyecto no constituye simplemente una herramienta técnica de administración financiera, sino que plantea una discusión de fondo sobre el manejo de los recursos públicos, el respeto a la división de poderes y las prioridades del Estado provincial.

“Desde Comunidad Organizada votamos en contra porque no vamos a ser cómplices de un esquema que permite utilizar discrecionalmente fondos afectados por ley, comprometer recursos mediante nuevo financiamiento y concentrar facultades en el Poder Ejecutivo sin las garantías necesarias de transparencia y control legislativo”.

“Exigimos que el Gobierno transparente cada peso, explique detalladamente el destino de los fondos destinados a salarios y presente un verdadero plan de ordenamiento fiscal que priorice los servicios esenciales, la obra pública y la producción pampeana”, concluyó el diputado.

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