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Tras el escándalo por los planes Potenciar Trabajo donde la Justicia acreditó que más de 8.000 beneficiarios son empleados provinciales en solo 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes. Significa una erogación del Estado de $7.800.000.000 anuales. El fiscal Marijuan ya pidió sus bajas. Pero el resto entre las cuales está La Pampa, no habrían informado sus números y si hay empleados públicos que además cobren dicho beneficio.