“Resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente y que esas políticas de Estado involucren a los poderes de gobierno”, destacaron.

A continuación, el documento completo:
Las máximas autoridades en Derechos Humanos de la Nación y de las 24 jurisdicciones de la Argentina coincidimos en nuestra preocupación por los casos de violencia institucional ocurridos en los últimos meses en el país.
Los graves casos que se reiteran y en los que se vieron involucrados/as miembros de fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales en casi todo el territorio nacional, nos lleva a manifestar que para erradicar de una vez por todas la violencia institucional de nuestra democracia necesitamos el compromiso de todos/as.
Estamos convencidos y convencidas de que esta problemática se previene con decisión política: visibilizando el problema, sancionando política y judicialmente a los/as responsables, concientizando a los/as ciudadanos/as sobre sus derechos, modernizando y profesionalizando la formación de las fuerzas de seguridad, poniendo en funcionamiento los mecanismos locales para la prevención de la tortura, difundiendo líneas de denuncias de estos hechos desde el propio Estado y generando normativas de convivencia y seguridad que no habiliten a las fuerzas a actuar deliberadamente en contra de los derechos de las personas. Todo dentro de la ley y nada fuera de ella.
Por eso, resulta necesario que las políticas contra la violencia institucional se transformen en políticas de Estado, independientemente de los signos políticos de quienes gobiernen circunstancialmente. Que esas políticas de Estado involucren a los poderes de gobierno: necesitamos un Poder Judicial que avance con rapidez en el esclarecimiento de los casos y en el juicio y castigo de los/as responsables; un Poder Legislativo que ponga en agenda el tema a nivel normativo; y un Poder Ejecutivo que no dude en tomar decisiones firmes que garanticen el juzgamiento y la sanción de los delitos cometidos.
También sostenemos que es importante que los miembros de las fuerzas de seguridad entiendan que llevar adelante políticas contra la violencia institucional es una clara defensa de las instituciones y sus miembros, ya que la habilitación a cometer actos ilegales sólo responsabiliza y genera futuras sanciones a ellos/as mismos/as y casi nunca a las conducciones políticas.
En ese sentido, los/as máximos/as responsables de Derechos Humanos de la Nación y las jurisdicciones, nos comprometemos a llevar adelante una agenda de políticas contra la violencia institucional en línea con lo expuesto en el presente comunicado, coordinando las acciones desde el Consejo Federal de Derechos Humanos que todos/as integramos.