Piden que el homicida "no vuelva a General Acha"
"Entendiendo el contexto social" que reina en General Acha, el menor que mató a Martín Godoy no podría regresar a esta ciudad, opinó Juan Pablo Bonino, subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. El funcionario viajó ayer martes a esta localidad y se entrevistó con los familiares del peluquero asesinado, ante quienes confirmó que no habrá una condena penal para el homicida, porque es menor de 16 años. "No puede estar sometido a un proceso penal", reiteró ante los medios de prensa, luego del encuentro, del que no participó el ministro Diego Álvarez, porque debía asistir a la reunión con el gobernador, destinada a programar el próximo censo nacional.
Bonino afirmó que "es comprensible el reclamo de la familia, y ésta a su vez entiende la situación y sabe que debe ser de esta manera, aunque no están de acuerdo". Añadió que a ellos "les duele, y por eso tratamos de explicarles cómo será el trabajo futuro sobre este asunto, pero la reparación penal no va a ocurrir".
El funcionario llegó a media mañana para concretar el encuentro con los familiares que en cada marcha y aparición pública han planteado su desacuerdo con las leyes, y manifiestan su dolor porque el crimen quedará impune, al menos desde el punto de vista penal. Desde su dolor opinan también que las leyes deberían cambiar para evitar estas situaciones.
"Que no regrese".
Finalizada la reunión, la familia de Godoy afirmó tener claro que el asesino es inimputable y que nada se puede hacer al respecto, pero reclamó que el menor, bajo custodia del Estado en Santa Rosa, "no regrese a General Acha". Los familiares coincidieron con Bonino respecto al clima que podría encontrar en esta ciudad, donde muchos vecinos pretendían hacer justicia por mano propia. "Tuvimos que frenar a quienes querían prender fuego la casa de su madre (del menor), y les pedimos que no, porque Martín no representaba eso. No queremos violencia".
El funcionario tampoco pudo garantizar que el menor permanecerá alejado de la ciudad, aunque consideró que en este contexto "es imposible su retorno, por su propia seguridad", y explicó que la legislación le otorga al Estado un plazo de 180 días para trabajar con el adolescente y su familia. "Luego habrá que decidir si se restituye al núcleo familiar o permanece bajo custodia del Estado hasta alcanzar la mayoría de edad". (La Arena)
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