Denuncian a Luana Volnovich porque el PAMI contrató a 200 empleados sin pedirles el secundario
Volnovich ya había protagonizado una polémica por su viaje al Caribe en medio de la crisis.
La diputada Marcela Campagnoli denunció este miércoles a la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, por haber autorizado el pase a planta permanente de unos 200 empleados sin exigirles el título secundario, que muchos no completaron.
En la causa, que quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello, se acusa a Volnovich por incumplimiento de los deberes del funcionario y abuso de autoridad.
Campagnoli, de la Coalición Cívica, denunció a la directora del organismo por haber firmado la resolución N° 2022-263, violatoria del normal proceso de selección e incorporación de empleados a la planta permanente de la administración pública.
La resolución, firmada el pasado jueves, dispone el pase a planta permanente de 206 trabajadores que ya se encontraban bajo contratos temporales, y se hará efectiva a partir del 1 de abril.
En la justificación de la medida, Volnovich dijo que es “necesario dotar a este Instituto de los recursos humanos idóneos para el normal cumplimiento de las acciones que le son propias, a efectos de brindar las prestaciones médico–asistenciales acorde la demanda de la población a quien debe prestar cobertura”.
La denuncia se basa en una de las exigencias detalladas en las Políticas de Ingreso al Estado, que es haber terminado la escuela secundaria.
Qué respondió Volnovich ante la denuncia
La directora del PAMI explicó que estudios tanto nacionales como internacionales “han dado cuenta que la retención y terminalidad de estudios continúa siendo uno de los mayores desafíos de los sistemas educativos de América Latina” y que las causas que generan el abandono escolar “son múltiples, complejas y variadas”.
Pese a ello, “la necesidad y el derecho al trabajo en los y las jóvenes es el factor de preponderancia”, afirmó. Para Volnovich, la presentación del título secundario “deviene en una barrera formal que atenta contra el derecho de acceso a condiciones dignas y equitativas de trabajo”.
Además, agregó, la pandemia “agravó las dificultades para la terminalidad educativa, en adolescentes y jóvenes”, siendo “los sectores más desfavorecidos los que sufrieron mayores dificultades para la continuidad de sus trayectorias escolares”.
La titular del organismo habló de “la matriz elitista del sistema educativo, en particular en su nivel secundario”, que “refuerza la exclusión de vastos sectores de la población de dicho nivel educativo”.
El organismo decidió que a aquellos que no cuentan aún con su título secundario “les será reservado su puesto por un término de hasta 365 días corridos desde el día de inicio del ciclo lectivo del año siguiente al de su designación”.
En concreto, los empleados tendrán un año para terminar la escuela. Hasta entonces continuarán “prestando tareas bajo la modalidad de contrato de locación de servicios”.