La situación del Ministro de Haciendas y Finanzas, Franco, es complicada

El gobierno provincial sigue conmovido políticamente por el escándalo que generó la frase del ministro de Hacienda Ernesto Franco respecto de Pampetrol: "vamos todos presos", soltó el funcionario durante un encuentro legislativo en el mes de diciembre, pero que se viralizó en las últimas semanas.

El oficialismo tiene bajo análisis cuál es el mejor modo de salir de un "berenjenal" en el que lo pusieron esas palabras. Ni bien se viralizó el video trascendió a modo de versión que Franco le había planteado al gobernador que si tenía que dar un paso al costado lo hacía.

Lo que está claro es que su situación en el Gabinete no es la mejor: está complicada. La molestia en el Ejecutivo no la disimula nadie. También en el Legislativo la circunstancia cayó como un baldazo de agua fría, sobre todo entre diputados y diputadas que ya la reprochaban desde hace tiempo a Franco algunas conductas de tipo jactancioso.

La situación le genera un importante daño político al oficialismo. Franco se llamó a silencio tras un comunicado de prensa en el que hizo un pedido de disculpas, el gobernador Sergio Ziliotto no lo respaldó públicamente, el fiscal de Investigaciones Administrativas Juan Carlos Carola tiene el tema en su ámbito pero no podrá definir mucho en ese sentido y la oposición política pidió la renuncia públicamente (el bloque de la UCR impulsa un Juicio Político).

En ese marco, de por sí complicado para Franco, el síndico de Pampetrol Simón Barreto admitió que el episodio "afecta el buen nombre de la empresa" y "obstaculiza la gestión", porque obliga a la conducción a ocuparse de un tema que no estaba en el radar en lugar de poner en el foco cuestiones propias de la administración.

La reunión de Franco con legisladores y legisladoras fue el 13 de diciembre. Ese día, se jactó de que merced a una maniobra elaborada por él Pampetrol podía aliviar parte de su pago del impuesto a las Ganancias, a partir de contratos de alquileres de inmuebles con la Provincia. Todo ese trámite, legal y administrativo, data del año 2017 y tiene aprobación unánime de la comisión Interpoderes y de la propia Legislatura.

Por eso no se entiende que Franco haya explicado esa situación reclamando que se cortara la grabación televisiva que se hacía porque de lo contrario "vamos todos presos", según dijo.

Tan insólito parece ese escenario que la oposición sostiene diferentes posiciones, incluso contradictorias. Primero los legisladores y legisladoras hicieron silencio, porque todo lo actuado cuenta con su aval. Después, la mesa de Juntos por el Cambio -donde no hay diputados ni diputadas- pidió la renuncia del ministro. Más tarde el bloque radical anunció el impulso de un Juicio Político. 

Aun así, el jefe de bloque Francisco Torroba dijo que no había hechos de corrupción, ni delitos. Pero que había que sentar a Franco en el banquillo porque perjudicaba a la empresa.

En las últimas horas, el síndico Barreto pareció darle la razón a la UCR en ese sentido, porque reconoció que el proceder de Franco generó un ruido que complica el funcionamiento de Pampetrol. También dijo que está dispuesto a acudir a la Legislatura si se oficializara una convocatoria: “No hay nada que ocultar y se va a brindar información de la empresa si alguien lo requiere, estamos muy tranquilos con este tema. No se habla de evasión de impuestos, lo que no se logra entender es por qué deberían ir 'todos presos'”, se sorprendió el funcionario.

Remarcó que "es difícil salir a explicar algo que es totalmente legal, esto de que Pampetrol salga todas las semanas en los medios, sin una causa motivada, afecta el buen nombre de la empresa y obstaculiza su gestión”, reiteró en declaraciones a Radio Kermés.

Dejó bien claro que “la sindicatura controla la legalidad de todos los actos de Pampetrol, damos nuestra opinión y en caso de advertir alguna irregularidad, lo planteamos". También precisó que "Pampetrol lo que más hace es pagar impuesto a las ganancias, por año pagamos entre 140 y 150 millones de pesos. Lamento mucho que nos veamos inmersos en estas cuestiones, no hay ninguna ilegalidad. Tenemos que ponernos ya a ver qué le vamos a dejar a las generaciones futuras, el petróleo es un recurso no renovable y las áreas vienen en declinación”.

El Diario