Amplían imputación y dictan la prisión preventiva de la enfermera por la muerte de bebés en Córdoba
Raúl Garzón, fiscal de instrucción a cargo de la investigación, dictó la prisión preventiva de Brenda Agüero, que permanece detenida desde el 19 de agosto pasado
Un fiscal dictó la prisión preventiva para Brenda Agüero, la enfermera del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo que está acusada como principal responsable de inyectar sustancias tóxicas a bebés nacidos y producir la muerte de cinco de ellos y generar complicaciones en la salud de al menos otros ocho, y amplió la imputación en su contra al agregarle la figura de tentativa de homicidio por los ocho casos de bebés afectados que sobrevivieron, se informó hoy.
Raúl Garzón, fiscal de instrucción a cargo de la investigación, dictó la prisión preventiva de la mujer, que permanece detenida desde el 19 de agosto pasado, imputada en primera instancia por "homicidio agravado reiterado por procedimiento insidioso".
Tras los resultados de distintos informes forenses, el fiscal determinó la ampliación de la imputación de homicidio calificado por procedimiento insidioso a las otras tres muertes de recién nacidos que hubo entre marzo y junio de 2022.
Así, pasó a estar imputada por cinco muertes y no por dos como hasta el momento.
También agregó la imputación en grado de tentativa por ocho bebés que sufrieron lesiones graves, pero sobrevivieron, con el agravante de "perspectiva del recién nacido".
Se conoció también que Agüero, de 27 años, había realizado una búsqueda en Google de cómo dosificar potasio y cómo dosificar insulina en bebés, de acuerdo con lo expresado por el abogado Carlos Nayi, representante de familiares de víctimas en el caso, a medios locales.
Esa confirmación se alcanzó tras las pericias a la computadora de la imputada.
“El juez Garzón dictó una resolución importantísima”, sostuvo esta tarde Nayi.
El juez Garzón dictó una resolución importantísima
El letrado subrayó que el fiscal de instrucción dispuso “algo sumamente relevante” a la imputación por “ocho hechos de homicidio calificado en grado de tentativa con respecto a los bebitos que salvaron providencialmente la vida”.
“Es la más dura respuesta con la prueba en la mano a quien violó la ley penal”, dijo, y consideró que la “justicia está actuando con celeridad” en la causa.
Asimismo, el letrado avaló el pedido de prisión preventiva al afirmar que "hay riesgo procesal por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación".
La investigación judicial se conoció el 11 de agosto último a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos entre los meses de marzo y junio pasados.
De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y otros dos el 6 de junio de este año.
Los informes periciales preliminares determinaron que el deceso de dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de "hiperpotasemia" que fue causada por "exceso de potasio inyectado de manera intencional", ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.
El fiscal Garzón había manifestado que a “la enfermera se la detiene por dos hechos, que son los que al día de la fecha se ha podido avanzar en los estudios complementarios de las autopsias de dos de los niñitos fallecidos".
La medida del fiscal surgió a partir de un patrón que se repetía sobre los bebés fallecidos, un cuarto pinchazo que correspondía al potasio y que las habría aplicado Agüero.
Los pinchazos habituales con los que se inoculan a los recién nacidos son tres: en el caso de vacunas, se colocan la hepatitis B y la BCG, y en medicación, la vitamina K.
En el marco del expediente, la exdirectora del Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, Liliana Asís, se encuentra imputada por "omisión de los deberes de funcionario público", al igual que dos jefas del área de Neonatología, Marta Gómez Flores y Adriana Morales.
Mientras tanto, otras seis personas están imputadas y en libertad por 'omisión de los deberes de funcionario público', como el exministro de Salud, Diego Cardozo; el exsecretario de Salud provincial, Pablo Carvajal; y el exvicedirector del hospital, Alejandro Escudero Salama.
El entonces ministro de Salud provincial debió renunciar el 25 de agosto tras los cuestionamientos recibidos por no haber denunciado los hechos ante la Justicia porque, según la investigación, en marzo ya estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo y solamente se había iniciado un sumario administrativo interno.
"Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación", informó Cardozo mediante su cuenta de Twitter el pasado 25 de agosto.
Las imputaciones también alcanzan a la exdirectora de ese centro asistencial, Liliana Asís; a las exjefas de áreas del neonatal, Marta Gómez Flores y Adriana Morales, por los delitos de "omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica".
La abogada Daniela Morales Leanza, representante legal de una de las mamás de una beba sobreviviente, nacida el 6 de junio de este año, había dicho a Télam que María es una de las que solicitó la ampliación de la acusación contra la enfermera.
“Nosotros somos parte querellante y solicitamos la ampliación de la tentativa de homicidio para la enfermera”, sostuvo la abogada, y agregó que ya aportaron elementos documentales probatorios para “acreditar esa hipótesis”.
En ese contexto, dijo que entre las pruebas documentales presentadas se encuentran análisis que “confirman la inoculación intencional de potasio” que, según dijo, le dejó secuelas a la beba.
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