Convenio entre el Gobierno provincial y el Colegio de Abogados para facilitar documentación sin costo
SANTA ROSA | El Gobierno de La Pampa y el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia (CAPLP) firmaron un convenio de colaboración que garantiza la obtención sin costo de partidas de defunción de abogados y procuradores fallecidos. La medida busca optimizar la administración de legajos y facilitar el trámite de baja definitiva de los matriculados.
El acuerdo fue rubricado por la presidenta del CAPLP, Susana Gemignani, y el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández. También participaron en la firma el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas; el director general del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Fernando Rolando; y la secretaria administrativa del Colegio, Mariana Rivero Morales.
Según lo estipulado, el Colegio de Abogados podrá solicitar directamente al Registro Civil las partidas de defunción de sus matriculados para completar su documentación interna. Dichos documentos serán utilizados exclusivamente para la gestión de bajas, sin generar costos adicionales para la institución.
Te puede interesar
EMPATEL amplía su red y llevará internet a cooperativas del sudoeste bonaerense
Speluzzi recibió más de $8,6 millones para emprendimientos y proyectos comunitarios
La Pampa entregó certificados a 111 nuevos Guías de Sitio
Martini Foot Ball Club recibirá más de $4 millones para mejorar la iluminación de su cancha auxiliar
(Video) Bebé de Rancul: tensión en los pasillos de Legislatura
Caso bebé de Rancul: el Gobierno defendió su actuación ante la comisión investigadora
El subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, encabezó este martes la delegación de funcionarios provinciales que concurrió a la Legislatura para responder consultas sobre el procedimiento administrativo cuestionado en el caso del bebé de Rancul. El Ejecutivo aseguró que actuó conforme a las leyes vigentes y respaldó el trabajo de sus equipos técnicos, aunque la investigación legislativa todavía debe establecer cómo se desarrollaron las intervenciones estatales y si existieron irregularidades.