Récord de juicios por accidentes laborales y preocupación en el sector privado
El Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta un récord de 38.406 nuevos juicios en 2023, generando preocupación en el sector por su impacto en la competitividad.
El Sistema de Riesgos del Trabajo registró en el primer cuatrimestre del año 38.406 nuevos juicios, lo que marca un récord histórico y proyecta un total de más de 132.000 demandas laborales para todo 2025, generando una fuerte preocupación en el sector privado por su impacto sobre la competitividad.
De acuerdo con estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), solo en abril se notificaron 12.593 nuevos litigios, cifra que sitúa al sistema en una situación crítica pese a brindar cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país.
“La litigiosidad crece sin una justificación lógica”, advirtió la presidenta de la UART, Mara Bettiol, quien subrayó que mientras los accidentes y fallecimientos laborales descienden, los juicios prácticamente se duplicarán en comparación con 2019, cuando se registraron menos de 68.000.
Según Bettiol, entre 2019 y 2025 la actividad económica habrá crecido un 6% y el empleo un 5%, pero los juicios se dispararán un 94%. Además, alertó sobre la desconexión con estándares internacionales: “Argentina registra 15 veces más juicios que Chile y 21 veces más que España, pese a tener índices de accidentabilidad similares y mayor cobertura”.
En cuanto a la distribución territorial, la provincia de Buenos Aires concentra el 40% de los juicios, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (19%), Santa Fe (14%), Córdoba y Mendoza. Chubut, en tanto, mostró el mayor crecimiento relativo.
Bettiol sostuvo que no es necesaria una nueva ley, sino una correcta aplicación por parte del Poder Judicial: “Con los derechos garantizados que ofrece el sistema, menos juicios significan más certidumbre, competitividad, crecimiento y empleo de calidad”.
De cumplirse las proyecciones, 2025 superará el récord de 130.700 litigios alcanzado en 2017, que derivó en una reforma legal con mayor cobertura, procedimientos administrativos reforzados y la inclusión de los Cuerpos Médicos Forenses para ordenar la intervención pericial en la justicia.
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