El juez Axel López, símbolo de una Justicia garantista que deja a la sociedad sin defensa

NACIONALES | Con cada firma, López convirtió la teoría del “derecho a la reinserción” en una puerta abierta para la impunidad. Su criterio —repetido en múltiples fallos— prioriza el supuesto “buen concepto” de los internos por encima de los informes forenses o las advertencias de riesgo de reincidencia. El resultado fue trágico: Soledad Bargna, Tatiana Kolodziez, la familia Bagnato y el esposo de Georgina Barbarossa figuran entre las víctimas indirectas de sus decisiones.

El caso más emblemático fue el de Pablo Marcelo Díaz, violador con conducta “ejemplar” según el Servicio Penitenciario Federal, liberado por López en 2009. Pocas semanas después, asesinó a puñaladas a Soledad Bargna. En 2012, el juez volvió a firmar la salida de Juan Ernesto Cabeza, condenado a 24 años por violación. Un mes después, mató a la joven Tatiana Kolodziez en Resistencia, Chaco.

A pesar de la evidencia, el Consejo de la Magistratura no avanzó en su destitución. Las presiones políticas y los acuerdos entre el kirchnerismo por aquel entonces y sectores del Poder Judicial han mantenido a López en funciones, pese a los reclamos de familiares de víctimas y organizaciones civiles como Madres del Dolor.

El magistrado justifica su actuación alegando la sobrecarga de trabajo: “Firmo más de 400 decretos diarios. ¿Usted piensa que puedo leer todo eso?”, declaró alguna vez. Una frase que sintetiza una peligrosa ligereza: el futuro de cientos de delincuentes —y, por extensión, la vida de miles de ciudadanos— depende de una lapicera que firma sin revisar.

Para sus defensores, López es “víctima de un sistema colapsado”. Pero para la sociedad, es el rostro de una Justicia desconectada del sentido común y de las víctimas, más preocupada por los derechos de los victimarios que por la seguridad de los inocentes.

Mientras tanto, las familias que perdieron a sus seres queridos siguen esperando una señal de reparación. La permanencia de Axel López en su cargo es, para muchos, la confirmación de que en la Argentina el castigo se diluye y la impunidad tiene nombre y apellido.