Diputadas provinciales exigen la renuncia del Subsecretario de Salud Mental tras una sucesión de hechos críticos
En medio de una nueva crisis institucional vinculada al funcionamiento del sistema de salud mental en La Pampa, cuatro diputadas provinciales solicitaron públicamente la renuncia del Subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá. El pedido surge luego de una serie de episodios graves que, según afirman, exponen fallas estructurales que el Gobierno provincial no ha logrado resolver.
LA PAMPA | El pronunciamiento fue realizado por Gisela Cuadrado (UCR), Sandra Fonseca (Comunidad Organizada), Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO–MID), quienes advirtieron que la muerte de una mujer dentro del Hospital Lucio Molas —hecho actualmente bajo investigación fiscal— constituye un punto de inflexión que revela la persistencia de problemas que vienen señalando desde hace más de un año.
“No se trata de un episodio aislado; forma parte de una cadena de alertas que no fueron atendidas y que evidencian la ausencia de planificación, del cumplimiento de protocolos y de una conducción eficaz del área”, sostuvieron las legisladoras en un comunicado conjunto.
Las diputadas remarcaron que el Estado provincial tiene la obligación indelegable de garantizar un sistema de salud mental que funcione, prevenga, acompañe y proteja. En ese marco, señalaron que la jurisprudencia establece la responsabilidad estatal cuando no se aplican las directivas esenciales establecidas por el sistema de salud.
También cuestionaron la falta de respuestas concretas frente a las problemáticas actuales, tanto en materia de adicciones como en los dispositivos de asistencia y abordaje integral. Según indicaron, toda la Legislatura está abocada a exigir respuestas y definir una política provincial más eficaz, pero en su reciente visita a la Cámara de Diputados, Malgá se habría limitado a brindar información de carácter nacional y respuestas evasivas.
“Ante este cuadro, resulta insostenible que la Subsecretaría continúe bajo la actual conducción. La ciudadanía merece claridad, responsabilidad institucional y un cambio inmediato en la gestión”, subrayaron.
Finalmente, las legisladoras insistieron en que, por respeto a las víctimas, sus familias, los trabajadores de la salud y la comunidad, es imprescindible que el funcionario presente su renuncia y que el Gobierno provincial avance con una profunda reorganización del área.
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