Reforma laboral: el Gobierno logró una victoria en el Senado y el debate se traslada a Diputados
NACIONALES | En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves, el Gobierno de Javier Milei obtuvo un triunfo clave en la Cámara Alta. El proyecto de modernización laboral, considerado una de las vigas maestras del programa económico oficialista, fue aprobado por 42 votos a favor y 30 en contra, reflejando el respaldo de los gobernadores de provincias como Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Corrientes, Córdoba y Misiones.
La normativa contempla cambios estructurales en el mercado de trabajo, entre los que destacan los topes a las indemnizaciones, la creación del "banco de horas", y la habilitación de convenios específicos por empresa. Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos mediante aportes de las empresas (1% para grandes firmas y 2,5% para PyMEs).
Voces a favor y en contra La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, cerró el debate defendiendo la iniciativa: "El esquema actual es parte de una legislación obsoleta que mantiene al país anclado en el pasado; la clave está en dinamizar el sector privado", sostuvo. Por su parte, la senadora radical Carolina Losada acompañó el proyecto afirmando que un mayor blanqueo de trabajadores permitirá mejorar la masa de dinero para las jubilaciones.
Desde la vereda opuesta, el presidente del interbloque peronista, José Mayans, denunció que la reforma es "inconstitucional" y que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. "Este proyecto va a fracasar; no se pueden tocar 41 leyes en un solo día de tratamiento", disparó el legislador formoseño. En la misma línea, Mariano Recalde cuestionó la flexibilización de las vacaciones y la jornada laboral, asegurando que se vuelve a una redacción de leyes de principios del siglo pasado.
Traspaso y aportes A último momento, el oficialismo incluyó como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Además, se definieron los topes para los aportes sindicales (2%) y para las cámaras empresarias (0,5%), tras una negociación con el PRO que buscaba, sin éxito, que dichos aportes fueran estrictamente voluntarios.
Ahora, la pelota pasa a la Cámara de Diputados. El oficialismo aspira a convertir el proyecto en ley antes del 27 de febrero, aprovechando el impulso político tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado.