Provinciales Por: INFOtec 4.005/03/2026

El exintendente David Bravo permanece detenido en Casa de Piedra tras quedar firme su condena

El exjefe comunal de 25 de Mayo debe cumplir cinco años de prisión efectiva por su participación en un caso de trata de personas. Permanece alojado en una dependencia policial mientras espera cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.
 

El exintendente de 25 de Mayo, David Edgardo Bravo, permanece detenido en una dependencia policial de Casa de Piedra, tras quedar firme la condena a cinco años de prisión efectiva por su participación necesaria en un caso de trata de personas. La medida fue confirmada por fuentes de la Justicia Federal y se adoptó por disposición de la Policía de La Pampa.

La causa se originó en 2011, cuando una alternadora del cabaret “Venus”, que funcionaba en la zona de quintas de 25 de Mayo, denunció ante Migraciones la presunta explotación sexual de mujeres. Tras más de una década de proceso judicial, el 24 de febrero de 2023 el Tribunal Oral Federal de La Pampa condenó a la dueña del local, Nurys Caraballo Castillo, como autora del delito, y a Bravo como partícipe necesario por hechos ocurridos entre diciembre de 2011 y octubre de 2012.

La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el último recurso presentado por la defensa. Tras la notificación del fallo, el tribunal ordenó la detención y el exintendente fue arrestado el viernes por la mañana en su domicilio de 25 de Mayo por efectivos policiales.

Según trascendió, Bravo fue trasladado a Casa de Piedra por decisión de la Jefatura de Policía, debido a que el lugar cuenta con condiciones de seguridad adecuadas y con otros detenidos de perfil similar. El sitio se encuentra a unos 100 kilómetros de la localidad donde reside su familia.

Actualmente el exfuncionario permanece a disposición del juez de Ejecución Penal de Santa Rosa, Marcos Aguerrido. En paralelo, el Servicio Penitenciario Federal confirmó que fue incorporado a la lista de espera para ser trasladado a una unidad federal, posiblemente en Marcos Paz o Ezeiza.

En esos establecimientos funciona desde 2016 el programa de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad” (IRIC), destinado a personas que ocuparon cargos públicos y que cumplen condenas en el ámbito federal.

Te puede interesar

Tres empresas presentaron ofertas para quedarse con El Medanito

Azruge S.A., Capex S.A. y Ribeiro S.R.L. participaron de la licitación para explotar el yacimiento, que concentra más del 30% de la producción provincial de petróleo. Las propuestas serán evaluadas antes de la adjudicación.

Policías asistieron a un bebé de cuatro meses que sufrió una obstrucción respiratoria

El pequeño fue auxiliado por efectivos de la Seccional Séptima de Santa Rosa y trasladado junto a su madre a una posta sanitaria, donde lograron estabilizarlo. Luego recibió el alta médica en buen estado.

Reclaman fortalecer el federalismo ambiental frente a la crisis climática

La secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Vanina Basso, encabezó la delegación pampeana en la Agenda Ambiental Latinoamericana 2026, realizada en La Plata. Allí planteó la necesidad de fortalecer las políticas públicas, la cooperación regional y la justicia ambiental frente al cambio climático.

Investigan una denuncia por presuntos malos tratos en un centro infantil de Miguel Riglos

Una madre denunció posibles agresiones hacia niños que asisten a un Centro de Desarrollo Infantil y mencionó la existencia de un video que comprometería a cuidadoras. La investigación se encuentra en una etapa preliminar.

Suspendieron por un mes a una funcionaria provincial tras los incidentes en el clásico de básquet

Cintia Zalabardo, subsecretaria de Salud Social y Comunitaria, fue sancionada por insultar a los árbitros durante el partido entre All Boys e Independiente de Pico. Tras las medidas disciplinarias, los jueces levantaron provisoriamente el paro.

La Corte Suprema dejó firme la condena contra el jefe comunal de Loventuel

Oscar Hugo Martínez deberá cumplir dos meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos y pagar una multa de $5.000. La sanción corresponde a una causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculada a un préstamo de 2,6 millones de pesos.